Los reportes noticiosos dan cuenta de marchas en 22 ciudades del país ayer contra la iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El llamado Frente Nacional por la Familia, que se formó a instancias de la Iglesia católica y de los grupos más conservadores, lograron sin duda su primer objetivo, sacar a las calles a varios miles de ciudadanos, y ahora van por lo que verdaderamente les interesa: retar al Estado mexicano, doblegarlo, y organizarse para influir, pesar en el proceso electoral de 2018.
La ultraderecha enseña el rostro y de sus posiciones discriminatorias y de odio contra la comunidad gay, pasaron al activismo político. Tienen blanco para sus dardos, ni más ni menos que los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con nombre y apellido, no sueltan al presidente Enrique Peña Nieto, a quien ya condenaron por su pecado de haber presentado en mayo pasado una iniciativa de ley que contempla el derecho a formar una familia de las parejas homosexuales.
La notoriedad y aparente fuerza de los ultras de la derecha mexicana -la ultima palabra la tendrá el poder Legislativo, pues en sus manos está ahora poner un freno al más rancio conservadurismo- comenzó a tomar forma cuando en pleno proceso electoral en 12 estados de la República, desde la Iglesia católica salieron tremendos cañonazos contra la iniciativa del Ejecutivo federal.
Con el cardenal Norberto Rivera al frente de la campaña, se desató una suerte de cacería contra los derechos que con los años ha ido ganando la comunidad gay y los avances en el país al respeto de la diversidad, la pluralidad y la libertad sin prejuicios ni ataduras moralinas. No faltaron las voces que, desde el clero, llamaron a no votar -en los comicios del pasado 6 de junio- por los candidatos del partido del presidente, el PRI.
No hubo del gobierno una respuesta contundente a la estridencia de la jerarquía católica, a pesar de que desde diversos sectores y medios se advirtió sobre el peligro que representaba para la sociedad esa campaña de odio.
Al silencio siguió el error político: tras la caída electoral del priismo, un sector del grupo en el gobierno hizo suya la tesis surgida desde Aguascalientes de que la iniciativa en favor de los matrimonios igualitarios había pesado en el ánimo de los votantes y que había sido un ‘factor determinante’ para el naufragio del tricolor. No faltaron algunos medios informativos y opinadores que -por ignorancia, lecturas al vapor y/o conveniencia ideológica- dieron validez a esa tesis.
El PRI no perdió en siete estados el gobierno por esa iniciativa. Pero muchos, incluyendo a los priistas, se fueron por la fácil, la más cómoda -en esos momentos- de las versiones que argumentaban su derrota en las urnas.
Ese espasmo le dio fuerza a la ultraderecha. Ya tenía bandera para seguir en sus batallas. Y no, no les bastó el mensaje que por medio del senador Emilio Gamboa Patrón les mandó el gobierno de Peña -ni modo de creer que el yucateco no consultó-, cuando a mediados de agosto pasado aseveró que no era prioridad para su partido la iniciativa de los matrimonios igualitarios.
No, la derecha y sus grupos ultra -algunos enquistados en el PAN desde hace años- quieren más. Ya tienen bandera y se les dio espacio. Ya salieron a la calle y enseñaron el rostro. Tienen definidas sus batallas y su ruta: los comicios presidenciales del 18.
El Legislativo, pues, tiene la palabra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir el Poder Judicial, ya dijo que sí, que el matrimonio igualitario va; el Ejecutivo, también. Les toca a los legisladores hablar.
Y en concreto: ¿Seguirán temblando, aturdidos, los priistas?
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