Como si algo le faltara al atribulado gobierno mexicano, hoy en varias de las principales ciudades del país –así está hecha la convocatoria– marcharán los grupos religiosos y civiles que se han aglutinado para protestar contra la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario, es decir, no discriminatorio de la condición, preferencia u orientación sexual de las personas.
El asunto es de especial relevancia para el futuro del Estado mexicano y su sistema político, habida cuenta que en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sentó jurisprudencia sobre el tema, concluyendo que la Constitución mexicana no establece un modelo único o ideal de familia, con lo que abrió paso a las enmiendas legales para la aprobación de los matrimonios igualitarios.
A partir de esa resolución del máximo tribunal de la Nación, varios gobernadores, diputados de Congresos locales, organismos de derechos humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion, la CNDH, y las comunidades universitarias y académicas, se pronunciaron a favor del derecho de las parejas gay a formar una familia, incluyendo por supuesto el derecho a la adopción.
El punto culminante de un tema que parecía se resolvería con el consenso de la mayoría, lo puso el presidente Enrique Peña Nieto en mayo pasado, enviado al Congreso de la Unión una iniciativa para la reforma constitucional que permitiría, explícitamente, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Todo iba bien hasta que las iglesias, principalmente la católica, empezaron una campaña, feroz y por todos los medios disponibles, contra la iniciativa presidencial. La jerarquía religiosa aprovechó el fervor político que se vivía por las campañas electorales en 12 estados de la República para clavar su diente y llamar incluso a no votar por quienes promovían políticas y acciones “contra la familia y la sociedad”.
La historia es conocida y los encendidos discursos desde la Iglesia católica, se volvieron cotidianos. Tanto subieron de tono, que llegaron hasta la descalificación y la agresión verbal contra el gobierno, los legisladores, los gobernadores y, por supuesto, la comunidad lésbico-gay.
Nadie los paró. Un día sí y otro no, aparecían los discursos y mensajes llenos de odio, discriminatorios, cargados de violencia. Y del rechazo se pasó a la confrontación, más cuando se propaló la versión de que la debacle electoral del PRI en los comicios del 6 de junio estuvo marcada por el “castigo” de los ciudadanos que se oponen a la iniciativa de los matrimonios gay.
Y los priístas se espantaron. O se aprovecharon: Mejor decir que habían perdido por eso, que por la percepción de corrupción y la creciente violencia, inseguridad y desempleo en el país. Ya anticiparon: no tienen el menor interés en sacar adelante el proyecto legislativo que les envió Peña.
Mucho menos ahora, maltrechos y heridos como están por el negro y bochornoso episodio de la visita a México de Donald Trump.
Así que si engallados estaban los opositores a los matrimonios igualitarios, hoy pueden terminar el sábado con una victoria, que así la publicitarán y la sermonearán.
Por eso la relevancia de lo que ocurra hoy y en los días y semanas siguientes. Porque podríamos terminar frente a un hecho irrefutable: la imposición de las iglesias por encima de los intereses, valores e instituciones del Estado.
Y este gobierno, otra vez, sometido a las presiones de los grupos de poder de facto.
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