La noticia es de gravedad extrema: un tribunal federal amparó a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos y acusado por la PGR de ordenar el secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
¿La razón? Irregularidades en su proceso. ¿La gravedad? Es una muestra de cómo operan las cosas hoy en el país. Es la muestra de la descomposición. Es la muestra de por qué es posible que, por ejemplo, en Michoacán un grupo de delincuentes tumben un helicóptero.
Volvamos a Ayotzinapa. En específico, el tribunal consideró que el detenido presuntamente declaró bajo tortura. Y hay también otras anomalías, según el expediente y la respectiva nota publicada hoy por Excélsior. Al parecer Casarrubias no obtendrá su libertad… o no todavía.
El asunto es grueso y surgen las preguntas. ¿Por qué se otorga la libertad al que es señalado como factor clave para resolver el caso que más oprobio representa para México en los últimos años? ¿Hablamos de jueces corruptos? Es posible. ¿De una policía abusadora? Mucho más probable. ¿De ambas cosas? Pero la falta de respuestas hace pensar, legítimamente, en otras preguntas. ¿Acaso alguien dio la orden de liberarlo? ¿Qué acaso alguien, desde muy arriba, teme que la investigación avance…?
Como sea: se trata de la lisa y llana inoperancia del estado mexicano a la hora de hacer justicia. Y eso se hila fatal y perfectamente con otro tema de la agenda hoy: el derribo de un helicóptero ocurrido ayer en Michoacán.
Hay que precisar. Cuando se habla de un hecho así, de esas características, de ese tamaño, se habla necesariamente de abandono oficial durante décadas. Se habla de tolerancia vergonzosa a la corrupción, de descomposición a vista y paciencia de todo el mundo. Se habla de miles de niños sin educación, de grupos de poder enquistados con el único afán de mantener ignorante al pueblo. Se habla de contubernios, de abusos, de indiferencia.
Se habla, en resumen, de un total desinterés por lo que sucede en el México profundo. Y por eso ese ataque a un vehículo oficial de la PGJE no es sólo tema de Michoacán. Es tema de México.
La federación ya entró al asunto, y eso es bueno (al ser delito federal la federación debe a fuerzas intervenir, pero ya sabemos que en la relación federación-estados en México todo es posible). Difícilmente se podría abandonar al gobierno del estado, limitado de recursos, y exigirle que resuelva por sí solo la situación; pero ahí está, justamente, el problema: la federación contamina todo lo que toca. Como en Tanhuato, en enero de 2015; como hoy Ayotzinapa.
Así se hace en México: se abusa de las formas, se investiga al revés, se comete todo tipo de errores cuando en realidad se trata, justamente de minimizar el margen de error. Más aún: con más de 200 años de historia republicana ni siquiera se tiene una policía decentemente capacitada para ejecutar de manera correcta cualquier investigación. No tendría por qué ser distinto en Michoacán.
La caída de un helicóptero no es tema de Michoacán: es una muestra de la descomposición total. México es hoy un helicóptero en llamas.
