Al parecer Brasil acuñará un término nuevo en la ciencia política: el “golpe de estado institucional” o “constitucional”.
Sucede que el Senado brasileño destituyó hoy a la mandataria Dilma Rousseff. Por 61 votos a favor y 20 en contra, la decisión también confirma como presidente de Brasil a Michel Temer hasta el 1 de enero de 2019.
Hasta ahora los analistas concuerdan en que el proceso contra Dilma es legal. Pero muchos agregan, con una suspicacia que siempre es bienvenida a la hora de analizar los entresijos de la política, que se trataría de un abuso absoluto de las formas.
Los hechos.
Hasta ahora son investigados el ex presidente Lula da Silva, cuatro ex-ministros de Dilma, el tesorero de su partido y el coordinador de su campaña electoral en 2010. Ella, directamente, no. A Dilma se le achaca presidir el Consejo de Administración entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso. Eso, en Brasil, configura lo que llaman “crímenes de responsabilidad”.
Siguiendo ese argumento, su gobierno habría destinado fondos de los bancos públicos a programas sociales, que debieran ser financiados por el propio gobierno y no por los bancos. Eso en Brasil es tan típico que incluso tiene un nombre: “pedalada fiscal”. Pero nadie, hasta ahora, la señala de desvío directo.
La acusación real y concreta es la pedalada fiscal, que en el último tiempo todos los presidentes de Brasil –¡todos!– han hecho. Los analistas también parecen de acuerdo en que es imposible gobernar Brasil sin hacerlo. ¿Por qué ahora el respeto irrestricto a las formas? ¿Por qué ella sí, y otros no?
El trasfondo da para la sospecha: se trataría de un juicio político disfrazado de argumentos jurídicos. Se trataría, lisa y llanamente, de un conflicto entre derechas e izquierdas latinoamericanas. Y su destitución sería, en consecuencia, una decisión política.
De ser así, en adelante cabe la posibilidad de obedecer a un patrón en que cual miembros de congresos, en connivencia con el poder judicial y los grandes grupos mediáticos, desestabilizarán gobiernos populares electos por mayoría.
¿Será el próximo fenómeno característico de la política latinoamericana?
Historiadores del mundo, atentos.
