FOTO: Gustavo Vega

Alejandro Amado

Morelia, Michoacán.- En Michoacán se requiere impulsar una mayor participación ciudadana y promover la organización de la sociedad civil para involucrarla más en los temas de gobierno, que son del interés y para el bienestar general, subrayó el secretario general del PRD en Michoacán, Antonio García Conejo.

Para el político michoacano, las necesidades del estado y la dinámica que  marca las exigencias de un gobierno moderno y eficiente, obliga a quienes ejercen el poder a tratar de ser fieles representantes del sentir ciudadano y a los ciudadanos respaldar a sus autoridades hacia una misma dirección, que es el desarrollo y el crecimiento del estado.

“Que los ciudadanos también sientan esa responsabilidad de sacar adelante al estado y que las autoridades respondan a ese empuje”, es el escenario que se plantea como ideal en el concepto político y el ejercicio de gobierno, del que está convencido García Conejo.

Pero no sólo es importante la participación social, en  la actual coyuntura, el gobernador necesita el acompañamiento decidido de todos los funcionarios del aparato de gobierno, comprometidos responsablemente a cumplir con las expectativas que generó Silvano Aureoles cuando convocó a todos los michoacanos a iniciar un nuevo comienzo.

Afirma que Silvano Aureoles es un gobernante de trabajo intenso, que recorre el estado, toma decisiones con firmeza, está pendiente de los temas que le duelen a Michoacán, como seguridad, educación y economía, pero enfatiza en que los buenos resultados no dependen sólo del mandatario.

“El gobernador no puede sacar  solo a Michoacán adelante, necesita el acompañamiento decidido de todos los funcionarios del aparato de gobierno, y sobre todo del respaldo de la sociedad”.

García Conejo considera que para resolver el conficto educativo en Michoacán que protagoniza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) debe agotarse primero el diálogo antes de tomarse decisiones.

“El escenario no es sencillo, porque estás agotando el diálogo y llega un momento en el que tienes que tomar decisiones, porque hay una violación a la norma de quienes haciendo uso de un derecho a la libre manifestación y la libertad de expresión, cometen ilícitos. Y ahí el Estado está obligado a actuar”, dice García Conejo.

Señala que el gobernador ha girado instrucciones de que nadie debe estar por encima de la ley. También lamenta que cuando se aplica la norma surgen voces que dicen “ay, pobrecitos, cómo es posible que los hayan detenido”, pero  cuando los manifestantes queman un vehículo salen a flote expresiones en contrario: “cómo es posible que el Gobierno no actúe en contra de esos delincuentes”.

El dirigente perredista sostiene que sí se les puede llamar delincuentes a estos grupos que alteran el orden, pues infringen la norma. Pero admite que ante esa situación el hilo es muy delgado.

“Pero se tiene que actuar con responsabilidad y apegados a la norma. Si no se actúa de esta manera, se manda un mensaje a la sociedad de un gobierno débil”.

García Conejo pide que la sociedad se exprese, pero que respalde a un gobierno que, insiste, es conciliador, no represor, que busca dar estabilidad y seguridad a los ciudadanos.

Antonio García Conejo lamenta que el inicio del Ciclo Escolar 2016-2017 está aún en la indefinición por las advertencias que ha lanzado la CNTE. Y a partir de este escenario sostiene que el estado debe retomar la rectoría de la educación.

Cuestiona que hace al menos tres décadas se permitió que el estado perdiera paulatinamente la rectoría de la educación, por lo que no es un tema que pueda resolverse de la noche a la mañana.

Considera que hay conflicto de interés por parte del sindicato, que quiere ser juez y parte, “imagínate que un sindicalizado sea quien va a supervisar una zona escolar”, cuestiona.

Sin embargo considera que hay avances, pues se han realizado los exámenes de evaluación, se pudo pagar a buena parte de los maestros por medio de tarjeta bancaria, con lo que se ahorra la emisión y distribución de cheques.

Y en este punto se pronuncia por no aflojar el paso para que el estado retome el control en ese tema.

Exhorta a los padres de familia a que exijan a los profesores que no abandonen  las aulas y sostiene que la defensa de los derechos de los profesores no puede estar por encima del derecho a la educación de la niñez. “Los niños están en un estado de vulnerabilidad, y hay que arroparlos, protegerlos”, agrega.

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