En puerta, orden a las marchas en Michoacán

Alejandro Amado

Morelia, Michoacán.- Los coordinadores parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), Pascual Sigala Páez y Adriana Hernández Íñiguez, respectivamente acogen una regulación a las protestas sociales, en razón de los extremos que han alcanzado las manifestaciones de los estudiantes normalistas, que han secuestrado e incendiado vehículos, particulares en la última semana.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Pascual Sigala, indicó que se están discutiendo las iniciativas presentadas por los diputados Macarena Chávez y Ernesto Núñez. “Yo no descarto ninguna posibilidad, todo es discutible, es debatible, es revisable, y en ese sentido en Michoacán lo estamos revisando”, expuso.

Dijo identificar violaciones a los derechos humanos en la regulación de la protesta social en el caso de la Ciudad de México, pero expresó estar abierto a la discusión para lograr una regulación en Michoacán que no sea violatoria de las garantías individuales consagradas en la Constitución.

Sobre el tema, Adriana Hernández, negó que el PRI detenga esta iniciativa como se llegó a decir. Consideró que se debe actuar con legalidad y con apego a derecho, “porque a veces por sacar las cosas a la carrera, resulta que después de amparan, y a los que actúan violando derechos de terceros salen como víctimas”.

Celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de es procedente que se tenga que avisar sobre alguna manifestación con 48 horas de anticipación.
“A partir de esta resolución del a SCJN estamos ya en condiciones para que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales saquen adelante este tema y que se pueda dictaminar y votar para las primeras semanas de septiembre que tengamos sesión”, proyectó.

En cuanto a la postura del Gobierno del Estado hacia los normalistas, consideró que se está agotando el diálogo, “pero todo tiene un límite”. Lamentó que la escalada de protestas afecte al sector empresarial y la imagen del estado, pero sobre todo a los verdaderos inocentes, que son los niños.

Añadió que la ley educativa no está a discusión y manifestó a los maestros que la ley no se aprobó para perjudicarlos, sino para mejorar la educación.