La seguridad, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos son valores indiscutibles, incuestionables de cualquier Estado que se llame democrático, y en ese orden y sentido de la marcha institucional el gobierno electo por la vía constitucional -como garante de los valores de ese Estado- está obligado a asegurar y asegurase de que el curso y cuidado de aquellos valores se cumplan.
Cualquiera que haya estudiado un semestre de Ciencia Política, lo sabe. No hay más. Y si nos atenemos a esos principios básicos del Estado, sus valores e instituciones, y las obligaciones constitucionales del gobierno, habremos de concluir que en México se tuerce la realidad; se necea, y no tenemos gobiernos capaces de hacer valer esos principios.
Por una u otra razón -algunos argumentan legitimidad y otros alegan con los cálculos políticos y electorales-, pero el caso es que en nuestro país los intereses de los gobiernos, sus partidos y grupos de poder de facto se imponen sobre los valores del Estado, dejando a la ciudadanía inerme.
Todo esto viene a cuento porque al hablar de uno solo de esos valores, el de la seguridad, resulta que las cosas no pintan nada bien para los mexicanos, que a la odiada y sin sentido ni rumbo “guerra contra el narcotráfico”, ahora tenemos que apechugar con ¿la guerra? contra las movilizaciones de la CNTE y aliados, sus bloqueos, saqueos, robos y quema de vehículos.
Se dirá que delincuencia organizada y movilizaciones de la CNTE y sus afines son dos cosas distintas. Y si, con justa razón la observación, lo son. Pero para efectos de la seguridad, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, de la mayoría de mexicanos, resulta que son igual de perturbadores.
Falla, pues, el gobierno: los ciudadanos no vemos acciones firmes por la seguridad. Parafraseando al secretario de Gobierno de Michoacán, Adrian López Solis: no se ven soluciones, mas que el agravamiento de problemas sociales.
En conclusión: se equivoca el gobierno de Enrique Peña Nieto si cree y creen sus colaboradores y asesores que siendo omisos salvarán el sexenio. Su responsabilidad es otra. Y va mas allá del cálculo electoral.
Una elección se puede ganar o perder. Eso es democracia. Pero el gobierno no puede, no debería perder en su máxima responsabilidad: la de ser garante de los valores del Estado y sus instituciones.
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