Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- El abogado Ignacio Mendoza condenó las altas sumas de dinero que el Juez Sexto de Distrito Penal con sede en Uruapan impuso a 29 exautodefensas de Tumbiscatío que obtuvieron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva para poder continuar su proceso en libertad.
Refiere que son autodefensas auténticos de bajos recursos que difícilmente podrían pagar los 120 mil pesos que se les fijó de caución. Además del monto económico, se les impusieron cuatro medias cautelares más: la prohibición para salir del estado y frecuentar grupos armados, firmar una vez al mes y no acercarse a los elementos de seguridad que los aprehendieron.
“El pago de 120 mil pesos es elevadísimo, es una fianza que no corresponde ni al delito, ni al perfil de las personas a las cuales va dirigida la medida. A pesar de que vamos a apelar, vamos a buscar la manera de que el Gobierno del estado, mediante el programa de apoyo a las exautodefendas, les haga válido ese apoyo a estas gentes para que puedan dejar la prisión”.
Vía telefónica, manifestó que la decisión del juez sobre los exautodefensas de Tumbiscatío sienta un precedente para 70 personas que pertenecían al grupo de José Manuel Mireles Valverde, cuya audiencia para resolver la modificación de medidas cautelares será el 10 de agosto. El abogado confía en que, al ser el mismo juez que resolverá, la decisión sea en el mismo sentido que la que se tomó con los originarios de Tumbiscatío.
Recordó que a Mireles ya le negaron el cambio de medida cautelar en una decisión absurda motivada por la delegada de la PGR, que habló con el juez para que no permitiera el cambio de medida cautelar al exlíder de autodefensas. Manifestó que esa decisión ya fue apelada y están a la espera de que se resuelva favorablemente.
El abogado emplazó a los senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Raúl Morón Orozco, así como legisladores del PRD y Morena y al diputado local, Pascual Sigala, a que así como se han manifestado por la libertad de José Manuel Mireles y los autodefensas presos, aporten para cubrir las elevadas cauciones que se les impusieron a los autodefensas. “Es el momento de apoyarlos para que puedan seguir su proceso en libertad”, añadió.
Cabe recordar que los exautodefensas llevan más de dos años en prisión preventiva, acusados del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La defensa argumenta que cuando se dio la captura, el 9 de mayo de 2014, había una autorización por parte del exomisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo.
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