Y ahora resulta que la violencia en Michoacán también llegó a las cárceles.
La noticia no es nueva. Desde enero de este año se denunciaba que las autoridades del Centro de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto Número 1 permitía el ingreso de drogas, manejaba una red de prostitución y dirigía un grupo de más de 9 personas en el interior cuyo objetivo era amedrentar a los internos mediante extorsiones y torturas.
La denuncia, a inicios de este año, la hicieron familiares de los internos. Hubo en febrero, incluso, una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Pues ahora estalló el asunto. Ahora los dardos van contra el general Candelario Contreras, titular de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. El propio coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la CEDH, Ángel Botello Ortiz, afirmó públicamente que en los últimos dos meses las quejas por supuestas irregularidades en los centros penitenciarios estatales se duplicaron respecto de los 4 primeros meses del año.
En otras palabras: hay más violencia que nunca en las cárceles michoacanas.
Pero el problema es nacional. Las cifras que exhibe el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en marzo de 2016, son desalentadoras: En 65 de los 130 penales analizados hay sobrepoblación; en 95 es insuficiente el personal, en 86 no existen acciones para prevenir ni atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y motines, en 73 existen áreas de privilegios y presencia de objetos y sustancias prohibidas, y en 71 se percibió un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en relación a la seguridad, lo que genera condiciones de autogobierno.
La realidad indica que toda precaución es poca. En las últimas semanas hubo motines en penales de Barrientos, Topo Chico (tres, uno no confirmado), La Pila en San Luis Potosí, o Piedras Negras, en Coahuila. En todos los casos se reportaron al menos dos características: abusos policiales y hermetismo absoluto de las autoridades encargadas.
Y en el caso michoacano los familiares de los prisioneros reportan abusos policiales y hermetismo absoluto de las autoridades encargadas (incluso si se toma en cuenta el deslavado comunicado a través del cual la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que “emprende acciones permanentes como depuración, control y capacitación de personal operativo y administrativo para inhibir acciones que vulneren el proceso de reinserción de la población interna”).
El asunto es de extrema delicadeza. No sólo se trata de violaciones flagrantes a los derechos de personas que, aún privadas de su libertad, siguen siendo sujetos de derechos. También, de ser ciertas las denuncias, se trataría de una conducta avalada y amparada por funcionarios de distintos niveles. Descubrir que efectivamente se trafican drogas, se abusa de internos y se alienta la prostitución en un cereso ubicado en Michoacán, implicaría un remezón de proporciones en varias estructuras de gobierno.
Por lo pronto, la propia CEDH afirmó que las autoridades del Centro de Readaptación Social de Alto Impacto de Morelia, en Mil Cumbres, ha sido omisas ante las recomendaciones para eliminar la tortura. Y para avalar que la cosa va en serio, el propio presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Raymundo Arreola, declaró que es importante que se investigue qué ocurre.
Sería bueno que se aclararan las dudas. Si este asunto no se resuelve de verdad, una nueva bomba de tiempo se cocina en Michoacán.
