El gobierno de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, los mandatarios de las 32 entidades del país siguen en deuda con los mexicanos: la violencia y la inseguridad no cesan; campean por el territorio nacional; la tranquilidad se ve y se siente constantemente amenazada, y las cifras negras que se informan sobre homicidios dolosos, secuestros, asaltos a mano armada, ejecuciones y enfrentamientos son verdaderamente escalofriantes, tanto por la cantidad como por la barbarie que se ha alcanzado.
¿Que van a hacer Peña y los gobernadores? Para empezar, ojalá y no se les ocurra leer y hacerle caso a los analistas que sugieren ya dejar correr el tiempo para, después de los comicios de 2018, ponerse de acuerdo en una política nacional contra la delincuencia, el crimen, los abusos y los abusivos y la impunidad.
Esa especie de tregua sugerida –para todos concentrarse en la organización electoral– no le sirve a los mexicanos; en nada beneficia a la economía nacional, y mantenernos en la locura de este espiral de violencia e inseguridad, provocarán caos, desastre social en regiones enteras del país y, por supuesto, más violencia.
No podemos seguir así. Desesperanzada se ve a la nación, nomás de imaginarnos otros dos años en la misma escalada. No, no hay que esperar a que pasen los comicios del 18: el combate a la criminalidad, la aplicación de la ley y el ejercicio pleno del estado de derecho no deben, no debieran ser parte de los cálculos electorales y electoreros de funcionarios, políticos, analistas y voceros oficiales y oficiosos.
Porque además no deben perder de vista que esa inseguridad y violencia que tanto pega y atemoriza a los ciudadanos son lastres ya del dominio internacional que ponen en entredicho al gobierno mexicano, que descalifican a las instituciones del Estado –fallido, se le ha etiquetado–, que empequeñecen los discursos reformadores, que hacen polvo cualquier proyecto de modernización y, a final de cuentas, ahuyentan las inversiones, esas de las que tanto se habla y tan poco se ve.
Porque para nadie es un secreto que esta situación nos coloca en condición de inestabilidad y alto riesgo como país a los ojos de la comunidad internacional; y porque para nadie es un secreto –y eso le debería preocupar a todos los políticos mexicanos– que el discurso de miedo con el que Donald Trump tiene acaparada buena parte de la atención del electorado estadunidense presenta a México entre sus “villanos favoritos”.
Y deberían de preocuparse no sólo por la altísima posibilidad de que el magnate pelirrojo gane en la elección del próximo 8 de noviembre, sino por la caja de resonancia que su campaña de tres meses por la Casa Blanca traerá por si misma y el descrédito y mala imagen que para México y su gobierno provocarán los incendiarios discursos de Trump.
Algo deben hacer, pues, Peña y los 32 gobernadores del país. Y para empezar, creemos, un buen ejercicio sería dejar de gobernar sólo para el círculo rojo y los grupos de poder que los encumbraron.
No son tiempos para el soliloquio de las estrechísimas juntas de “notables”.
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