La vuelta al activismo de grupos armados de tendencia guerrillera y de sus brazos políticos, por un lado, y la conformación de fuerzas de choque y/o comandos paramilitares en algunas regiones del país, por el otro, son realidades que asoman en el país y a las que debería de ponérseles inmediata atención, no solo en el discurso y en el evento público de ocasión, a riesgo de que se conviertan en otro factor que agrave la situación de inseguridad e incidan en la percepción de inestabilidad que empieza ya a tocarse en algunos medios extranjeros.
Desde el enfrentamiento en Nochixtlan (19 de junio de este año) que dejó un saldo de al menos ocho personas muertas, hemos advertido en este espacio de la presencia y notoria actividad de grupos radicales, perfectamente organizados y con una línea de acción dirigida a la desestabilización del gobierno y de las instituciones del Estado; el derrocamiento del régimen es su objetivo. Así de simple.
Los días y las semanas siguieron y ahí están, ahí siguen. Quien pretenda minimizarlos o considerarlos como “hechos aislados”, nomás que le eche una revisada objetiva a lo que ha ocurrido en algunos estados y las formas de protesta y movilización que han continuado al amparo de las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), supuestamente con el único fin de revertir la implementación de la reforma educativa.
Más aún. El asesinato del presidente municipal de San Juan Chamula, Chiapas, el pasado fin de semana, antecedido de la aparición de grupos armados y encapuchados para el desalojo violento de un campamento de la CNTE, tiene todos los visos de la entrada al terreno de los hechos de los grupos armados: guerrilleros, por un lado; paramilitares, por el otro.
La combinación puede ser explosiva, incubadora de acontecimientos lamentables y que la mayoría no quiere para el país, más porque a todo ello hay que agregar la presencia de los grupos de la delincuencia organizada en amplias franjas del territorio nacional y que en su lucha por el control de las rutas para el trasiego de drogas representan una fuente de financiamiento y de dotación de armamento que los encargados de la seguridad nacional no deben descuidar.
Así pues, y mientras se discute y debate en los medios periodísticos si es válido o no la entrada de las fuerzas del Estado para desactivar esas bombas de tiempo; mientras se analiza si el gobierno de Peña Nieto cuenta con legitimidad para el uso de la fuerza pública… Mientras tanto la inseguridad crece; las economías locales enflaquecen, y México sigue siendo noticia por la ausencia de autoridad en algunas regiones.
Las realidades se asoman. Y no se corrigen con discursos ni promesas de voluntad. !Quien les cree, además!
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