Si el gobierno cede, como evidentemente lo está haciendo, la misma actitud se esperaría de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ya se verá hoy cuando empiecen las negociaciones en la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo a lo que se informó ayer, los ejes sobre los que se acordó el encuentro son derechos humanos, distensión y justicia; no se dijo nada de la reforma educativa, e incluso el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer -quien no estará en la negociación- se apresuró a decir que el diálogo con la coordinadora será político y no se abordarán los temas educativos del país.
Según el funcionario, de lo que se trata es de ponerle fin a la violencia y volver a la tranquilidad, sobre todo en Oaxaca, donde ocho personas murieron el pasado domingo durante el enfrentamiento en el que se usaron armas de fuego y del que aun no se sabe con precisión cómo ni quiénes lo iniciaron.
Lo dicho por Nuño y los mediadores que informaron sobre los ejes del encuentro en Bucareli está por verse.
¿Por qué? Porque la aplicación de la reforma educativa es lo que tiene entrampados a unos y otros. Y esa disputa y cerrazón es lo que provocó la violencia y las muertes que hoy estamos lamentando.
En esta lucha de fuerzas, en la que el respeto a la legalidad y a los derechos constitucionales de todos es lo que menos se ha visto, apareció un poco de sensatez con el anuncio del inicio del diálogo. Habrá que confiar, ahora, en que puestos y definidos los ejes del encuentro, tanto el gobierno como la CNTE pongan de su parte lo que les toca en derechos humanos, justicia y distensión.
Si nos vamos al origen del conflicto, la aprobación de la reforma educativa y la aplicación de los exámenes de evaluación a los maestros, la pregunta está en el aire: ¿qué pone sobre la mesa de negociación el gobierno? ¿Qué está dispuesta a poner la CNTE?
Porque contra lo que dice el titular de la SEP, ese es el tema. No hay otro. Y además, no se puede hablar de distensión ni de justicia ni de derechos humanos en este caso, si no se pone sobre la mesa.
Si fijamos la atención sólo en la violencia, muertes y heridos del enfrentamiento en Oaxaca, la pregunta sería, también para gobierno y CNTE: ¿habrá respeto por la legalidad? ¿Se castigará a los culpables de la muerte de ocho personas? ¿Seguirán los bloqueos, tomas y manifestaciones invariablemente marcadas por el vandalismo y los daños a terceros? ¿Sabremos algo sobre los grupos radicales que, según el gobierno, se incrustaron en la CNTE?
¿O de qué justicia, de cuáles derechos humanos y de qué distensión estamos hablando?
Queda además la sensación de que la negociación y el diálogo que aceptó el gobierno federal con la CNTE correrá al ritmo de los intereses del grupo gobernante por la sucesión presidencial de 2018. “Guerra” política que ya empezó y en la que, hoy por hoy, luce en desventaja. Con riesgo de perderla.
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