Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- Alan García Campos, consultor jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, lamentó que la LXXIII Legislatura de Michoacán haya aprobado hace un par de semanas endurecer las penas de prisión contra delitos graves.
“Desconozco en concreto lo que se ha decidido en Michoacán, pero creo que siempre hay que ser escépticos frente a una política legislativa de carácter populista punitiva. Siempre hay que ser escépticos frente a una aproximación de esa naturaleza”.
Cabe recordar que el pasado 25 de mayo el Congreso del estado aprobó por mayoría un aumento de las penas de 40 a 50 años para delitos graves, iniciativa propuesta por la diputada Rosa María de la Torre Torres, argumentando que sectores vulnerables como mujeres y niños se verían beneficiados con la medida.
En una reunión que sostuvo con las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, el consultor dijo entender que el endurecimiento de las penas privativas de libertad es una respuesta ante los altos niveles de impunidad en el sistema de justicia mexicano, pero puntualizó en que es en la aplicación de la justicia donde se debe trabajar.
“Se habla de un 98 por ciento de impunidad, y frente a ese 98 por ciento de impunidad hay atajos que pretenden, a través de la pena, dar un mensaje fuerte, contundente, pero desde mi perspectiva, poco eficaz. Porque además no podemos aplicarle a ese 2 por ciento que sí recibió una sanción, el cúmulo de repudio social frente al otro 98 que nunca va a ser sancionado”.
Más que aspirar a la colocación de penas fuertes, dijo considerar que la salida está por generar marcos legislativos que prevengan la conducta y que no inhiban la obligación de combatir la impunidad. Se manifestó especialmente por fomentar la aplicación concreta de sanciones frente a los delitos, que hoy en su gran mayoría están carentes de sanción.
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