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Incendios en Michoacán: justicia, no hay más

La detención definitiva de quemas provocadas en Michoacán tiene directa relación con –otra vez– la instauración de un estado de derecho que asegure cauces de justicia verdaderos y oportunos. El tema va de la mano con la reparación estructural de todas las instituciones promovida por Silvano Aureoles.

Ayer la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en Michoacán, Talía Coría, dijo no tener cifras actualizadas sobre la detención de personas por provocar incendios. Reiteró que el posible móvil de las quemas pudo ser el cambio de uso de suelo, de lo cual muy pocos a esta altura tienen mayor duda; finalmente, lamentó que los pobladores temen denunciar por temor a represalias.

Ese temor a denunciar es real y comprensible. En algunas zonas en donde se produjeron los incendios persisten algunos caciques locales que disponen de la justicia a su antojo. Y para ellos ya es casi una costumbre ordenar, año con año, quemas en lugares que después podrían convertirse en terrenos aptos para el cultivo agrícola.

Los números lo corroboran. Según las cifras oficiales, en 2015 los incendios perjudicaron mil 366 hectáreas; en 2014, 4 mil 730 hectáreas; y en 2013, resultaron quemadas 16 mil 210 hectáreas. La tendencia de esos años fue claramente a la baja, pero otra vez se rompió por completo este año: hasta febrero de 2016 los incendios ya habían afectado casi mil hectáreas, a las cuales hay que sumar las que destruyeron los incendios de marzo y los más dramáticos –casi 250 hectáreas en Uruapan, casi mil en el cerro La Carátacua– de los recientes días.

Por lo pronto el edil de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez, ya anunció que no se permitirá ningún cambio de uso de suelo en las zonas devastadas. Eso es algo. Pero aún falta. El temor a denunciar frena cualquier avance en las investigaciones que en el futuro pudieran generar focos de alerta, o sencillamente terminar con la impunidad. Ninguna iniciativa antiincendios será un real aporte en tanto no se limpien los cuerpos encargados de procurar justicia a los responsables directos e indirectos. Ese es el verdadero desafío.