TRANSFORMANDO
“Las pruebas decidieron negociar”.
Durante semanas, desde el poder político mexicano se insistió en una narrativa: que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra personajes cercanos al poder en Sinaloa carecían de sustento, la presidenta pidió pruebas, exigió evidencias y cuestionó públicamente los señalamientos hechos desde Washington.
Pero entonces ocurrió algo imposible de ignorar. Las pruebas caminaron hacia la frontera.
El general Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, no esperaron órdenes de captura mexicanas, no exigieron públicamente expedientes, no denunciaron persecución política y tampoco utilizaron la protección institucional que durante años les brindó el sistema político mexicano, simplemente se entregaron voluntariamente a Estados Unidos. Y en política, los símbolos importan más de lo que muchos creen.
Porque quien se sabe inocente, normalmente pelea desde el lugar donde tiene protección jurídica, relaciones políticas y márgenes de defensa, más aún cuando en México ni siquiera existían carpetas de investigación relevantes en su contra, pero ellos decidieron otra cosa, abandonar la seguridad política local y ponerse en manos de fiscales estadounidenses.
Eso destruye el discurso oficial. Porque al entregarse voluntariamente, el mensaje implícito es brutal, ellos mismos entienden que las acusaciones estadounidenses no son una simple invención política, en términos prácticos, dejaron de exigir pruebas desde el momento en que aceptaron cruzar la frontera para negociar con quienes los acusan. Y esa es quizá la parte más incómoda para el gobierno mexicano.
Durante días se defendió la idea de que Washington debía demostrar sus dichos, sin embargo, dos de los señalados actuaron exactamente al revés, no esperaron pruebas públicas mexicanas, no apostaron al respaldo político interno y tampoco confiaron en el sistema judicial nacional, prefirieron ser juzgados allá antes que seguir protegidos acá.
Gerardo Mérida no era un personaje menor, fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa y antes comandante de la 21 Zona Militar en Michoacán, uno de los estados donde el crecimiento de los cárteles, el cobro de piso y la violencia criminal alcanzaron niveles históricos, hoy, tras su entrega, las preguntas son inevitables, ¿qué tanto sabía?, ¿qué permitió?, ¿qué redes conocía?
Porque cuando un militar de ese nivel decide caminar hacia la justicia estadounidense y no quedarse bajo el cobijo político mexicano, inevitablemente se abre una duda profunda sobre el tamaño de las redes que podrían haber operado durante años dentro de las instituciones.
Enrique Díaz Vega tampoco era secundario, fue el hombre que manejó las finanzas del estado y además operador cercano al proyecto político de Rubén Rocha Moya, desde ahí tuvo acceso al corazón administrativo y financiero del gobierno sinaloense, justamente una de las áreas más sensibles cuando se habla de posibles flujos de dinero, protección institucional y operación política.
Ahora ambos parecen haber entendido algo fundamental, en Estados Unidos las condenas se negocian con información. Y ahí está el verdadero riesgo político.
Porque estas entregas no son solamente actos judiciales, son potenciales bombas políticas, los fiscales estadounidenses no negocian reducciones de condena gratuitamente, las construyen a partir de nombres, estructuras, rutas financieras, operadores y mecanismos de protección institucional, lo que puedan declarar Mérida y Díaz Vega podría terminar afectando directamente al sistema político mexicano actual.
Es decir, quizá no huyeron únicamente de una condena, quizá caminaron hacia un acuerdo.
Mientras tanto, en México ocurrió otra contradicción monumental, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, no únicamente congeló cuentas vinculadas al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sino también las de los otros nueve personajes señalados por Estados Unidos, y entonces surge la pregunta inevitable, si supuestamente no había pruebas, ¿por qué reaccionar financieramente justo después de las entregas?
Porque congelar cuentas no es un gesto político menor, es aceptar implícitamente que existe un nivel de riesgo, sospecha o información suficiente para actuar, y eso termina chocando directamente con el discurso inicial de descalificar las acusaciones estadounidenses por “falta de pruebas”.
El problema para Morena ya no es solamente jurídico, es moral y narrativo, porque durante años construyeron un discurso donde ellos representarían la diferencia frente a los excesos del pasado, pero cuando generales, secretarios y operadores cercanos prefieren entregarse voluntariamente a otro país mientras aquí apenas comienzan las reacciones institucionales, la percepción pública empieza a cambiar peligrosamente.
Y la conclusión que empieza a instalarse es demoledora:
Las pruebas no llegaron en un expediente, las pruebas caminaron solas hacia Estados Unidos.
POSDATA:
“… el problema de aprobar reformas con 90% de lealtad y 10% de capacidad, es que después hay que posponerlas para evitar el desastre…”
Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡que!!!
El autor es empresario, analista y expresidente de la CANACINTRA en Michoacán.
