Culiacán, Sinaloa
La fiscalía estadunidense presentó una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales.
Las autoridades norteamericanas aseguran que el mandatario estatal y los oficiales del estado colaboraron con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a los Estados Unidos, señala una publicación del diario Milenio.
De acuerdo con el documento judicial, agrega la publicación, los señalados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
“Para proteger y que creciera su imperio de tráfico de drogas, se presume que el cártel ha colaborado con políticos corruptos y autoridades, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad para dar apoyo al cártel”, precisa Milenio.
“Han expuesto y sujetado a víctimas a amenazas y violencia y han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos oficiales de policía en México, incluyendo como se presume, a ciertos de los acusados, han participado directamente en la violencia y revanchas del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y asesinatos de individuos en México que se sospechaba que cooperaban con autoridades de EU en esta investigación”, señala Washington.
En la acusación también figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.
El caso incluye señalamientos adicionales contra Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
El diario mexicano publica que según las autoridades estadounidenses, todos los imputados ocuparon cargos de alto nivel dentro del gobierno estatal o en corporaciones de seguridad, lo que habría permitido —según la acusación— establecer una presunta red de protección para las operaciones del Cártel de Sinaloa.
El proceso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
*Con información de Milenio.
