El 25 de noviembre de 2025 se conmemora, como cada año desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció oficialmente esta fecha mediante la Resolución 54/134 del 7 de febrero de 2000, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta jornada, inscrita en el calendario universal de derechos humanos, nos convoca a reflexionar y actuar frente a la persistencia de una de las violaciones más sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos: la violencia de género.

La elección del 25 de noviembre no es fortuita: rememora el asesinato en 1960 de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas dominicanas brutalmente asesinadas por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, en razón de su lucha por la justicia social. La ONU adoptó esta fecha para honrar su memoria y para insistir en que la violencia contra las mujeres no es un hecho común, sino una manifestación extrema de desigualdad estructural y discriminación.

La campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas (UNiTE to End Violence against Women and Girls), liderada por ONU Mujeres, definió para 2025 un enfoque estratégico específico: “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra todas las mujeres y las niñas”, lema que sitúa en el centro del análisis y de la acción una forma de violencia emergente, facilitada por tecnologías digitales, que se ha consolidado como una extensión contemporánea de la violencia machista y que pone en riesgo la dignidad, la libertad y la participación plena de las mujeres y niñas en la esfera pública y privada.

La violencia digital, que va desde el acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas hasta campañas de desprestigio en redes o la explotación en plataformas en línea, está profundamente conectada con patrones de control, dominación y discriminación de género que han sido objeto de atención desde Beijing 1995 y reiterados compromisos internacionales. Su reconocimiento en la campaña de 2025 constituye un avance en la comprensión integral de las múltiples dimensiones de la violencia de género en el siglo XXI.

 Una pandemia estructural que persiste

Las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud reflejan que cerca de 840 millones de mujeres han enfrentado violencia por parte de una pareja o violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida, y que en los últimos doce meses 316 millones de mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física o sexual por un compañero íntimo. Esta violencia, aunque no siempre visible en estadísticas oficiales, constituye una pandemia estructural que se reproduce en todos los rincones del mundo, con una declinación de prevalencia que ha sido dolorosamente lenta en las últimas dos décadas.

Estos datos ubican la violencia de género no como una cuestión marginal, sino como una violación masiva y sostenida de derechos humanos, una crisis de salud pública y una barrera persistente al ejercicio pleno de la autonomía, la seguridad y la igualdad de mujeres y niñas.

 El desafío mexicano: normas, brechas e impunidad

En México, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres también ha sido incorporado en el marco de políticas públicas, acciones institucionales y la imprescindible articulación federal-estatal-municipal para proteger a mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo una realidad alarmante que exige respuestas coordinadas, eficaces y sostenibles. Las acciones nacionales incluyen programas de prevención, atención a sobrevivientes, capacitación de servidores públicos y estrategias para erradicar la violencia desde su raíz cultural y estructural.

Si bien el país ha consolidado un andamiaje normativo amplio —incluido el reconocimiento constitucional de la igualdad de género y marcos especializados como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus mecanismos asociados—, la brecha entre normas y realidad persiste, alimentada por prácticas institucionales insuficientes, rezagos en la implementación y altas tasas de impunidad. La conmemoración del 25 N es, por tanto, una invitación a evaluar responsabilidades, a exigir resultados concretos y a robustecer el Estado de derecho en la dimensión de la prevención, sanción y reparación de todas las formas de violencia de género.

 El reto del siglo XXI: integrar el mundo digital

La elección del lema de 2025 —enfocado en la violencia digital— no responde a un fenómeno aislado o menor; por el contrario, señala un desafío estructural del derecho contemporáneo: cómo garantizar derechos humanos en entornos tecnológicos que amplifican el poder de dominación y las desigualdades de género. Transformar el enfoque normativo en este campo exige no solo sanciones penales o civiles adecuadas, sino también marcos regulatorios que obliguen a plataformas, intermediarios y actores tecnológicos a proteger derechos, a remover contenidos abusivos, a garantizar justicia efectiva y a prevenir prácticas que vulneren la integridad de mujeres y niñas.

 Persistencia y obligaciones

El 25 de noviembre de 2025 nos interpela como juristas, autoridades, académicas y sociedad civil. Nos obliga a mirarnos críticamente en los compromisos internacionales y nacionales, a desarticular las prácticas de violencia —tanto en la vida cotidiana como en el espacio digital— y a construir políticas públicas con enfoques basados en evidencia, derechos humanos y justicia de género.

Eliminar la violencia contra las mujeres exige, hoy más que nunca, herramientas integrales que atiendan tanto las formas tradicionales como las emergentes de violencia. Exige compromiso político sostenido, inversión pública consistente, educación jurídica actualizada y un enfoque de derechos humanos que no tolere ni minimice ninguna forma de violencia basada en género. El 25N no es una fecha simbólica más: es un mandato jurídico y ético que reclama acciones firmes, evaluables y con impacto real.


[1] Doctora en Derecho, catedrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.


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