Morelia, Michoacán
En Michoacán hay por lo menos 250 familias desplazadas que se refugian en Coahuayana y Aquila, confirmaron ellos mismos desde la “Tribuna del Pueblo” en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Cuando Torres Piña dice que no habemos desplazados, nos llenó de terror, porque habemos muchísima gente desplazada, refugiados tanto en Coahuayana como Aquila y la Placita. Nos dio temor, dijimos está dando un mensaje de que no hay desplazados, dando la entrada al crimen organizado para que nos extermine a todos”, externó Evangelina Contreras, de la organización Desaparecidos de la Costa y Feminicidios Michoacán.
La activista compartió que desde el año 2012 busca a su hija y fue desplazada en 2016 y de acuerdo con los censos que han realizado las propias familias, estiman que hay más de mil personas desplazadas den la entidad.
El último de estos desplazamientos, señaló, se dio el pasado 4 de abril en las comunidades de La Palmita, El Saucito, Los Portales y Los Parajes y que en estos casos les queman sus viviendas y los despojan, por lo que ni siquiera cuentan con sus documentos, pero además necesitan volver para buscar a sus familiares desaparecidos.
“No nada más arrastramos con esto sino que tenemos familia asesinada y familia desaparecida y tenemos que regresar a buscarla”, expuso.
A quienes no se salen de sus casas, el crimen organizado los asesina, alertaron.
Otra víctima, informó que se estima de dos de cada tres casos no se denuncian porque en el propio Ministerio Público los desalientan recordándoles que tienen familiares en sus comunidades que podrían sufrir represalias.
Exigieron atención de las autoridades federales, estatales y municipales, pues ni siquiera se les permite habitar los albergues, pues se les dice que son para jornaleros y no para desplazados.
El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, anunció que fungirá como enlace para pedirle al secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, que los atienda, pues ellos ya han solicitado por escrito reunirse con él, al igual que han pedido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se pronuncie, sin obtener respuesta en ninguno de los casos.
