A diferencia de las elecciones de los poderes Ejecutivos y Legislativos, en la del Poder Judicial el Instituto Nacional Electoral (INE) no participa en el registro de candidatos y por lo tanto, no está en posibilidades de negar registros, recordó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre los casos dados a conocer la semana pasada en donde familiares de víctimas de feminicidio denunciaron a cuatro candidatos – Mario Basurto, Mario Sotelo, Armando Pérez y Félix Francisco Cortés-, por negligencia y corrupción y juzgar sin perspectiva de género, clasificando estos casos como homicidio, cuando se acreditaban las características de feminicidio de Frida Santamaría, de 24 años, y la bebé Sofía.

“Las reglas no las define el INE (…) Los legisladore nos quitaron la atribución del registro de candidaturas. Nosotros no somos filtros, no podemos hacerlo”, explicó el vocal.

Esto quiere decir que los encargados de verificar que los candidatos cumplieran con los requisitos eran el gobierno federal o estatal, los congresos y el Poder Judicial y los organismos electorales únicamente tuvieron que recibir los listados que, por cierto, no contenían la información completa de los candidatos.

“Tendría que revisarse el modelo de postulación de candidaturas. Creo que hay algunos detalles que hay que afinar. Creo que habría que darle competencia al INE para que defina a los órganos que postulen candidaturas la información que el INE requiere para ello, porque sí ha sido un trabajo exhaustivo de áreas de oficialía de partes del instituto para completar una información que debió de llegar de origen completa”, explicó.

En la misma sintonía, David Alejandro Delgado evitó dar una opinión acerca de la promoción que están haciendo algunos servidores y funcionarios públicos de algunos candidatos y la que ellos mismos hacen de sus personas, pues recordó que al INE tampoco corresponde aplicar sanciones; sin embargo, apuntó que podrían constituir actos anticipados de campaña o infracciones que en todo caso, tendrían que denunciarse ante un tribunal competente y correspondería al organismo electoral -nacional o local, dependiendo del tipo de candidatura-, recabar la información que se requiera para sustanciar el caso.


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