Foto: Luis Alberto Barrera Diaz B. / ACG

Un procedimiento opaco, sin las reglas básicas de un proceso de compraventa, y con un monto parcial de 3 mil 468 millones de pesos de procedencia irregular, de un total de 5 mil millones, envuelve la construcción de siete cuarteles de seguridad construidos en el gobierno de Silvano Aureoles, planteó la secretaria de Contraloría de Michoacán, Azucena Marín Correa.

La funcionaria expuso los hallazgos financieros y técnicos, presuntamente plagados de irregularidades, en una auditoría aplicada a la administración de Aureoles, y por los que el exmandatario está prófugo de la justicia, acusado por un juez de control de asociación delictuosa, uso de recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.

Develó, pues, la ruta crítica que desencadenó en la captura de cuatro ex funcionarios silvanistas el pasado fin de semana y en la orden de captura contra el perredista.

“Por instrucciones del entonces gobernador, Silvano Aureoles, compraron siete cuarteles de la policía. Esos cuarteles habían sido arrendados, modificados, y se pagaba arrendamiento por su uso, los cuales erogaron aproximadamente 5 mil millones de pesos y se comprobó que 3 mil 468 millones de pesos eran de procedencia irregular”, expuso la contralora estatal.

“Dichas contrataciones se realizaron por adjudicación directa con la inmobiliaria DyF en los años 2016 y 2017. La adjudicación directa tuvo vicios que se pudieron acreditar”, señaló la funcionaria.

“Además, había proyectos ejecutivos inexistentes; la empresa en ese momento no comprobó la propiedad de los predios donde se construyeron los cuarteles y los convenios modificatorios de mantenimiento se realizaron sin evidencia de los servicios”, abundó.

En retrospectiva, Marín Correa agregó a la lista otras irregularidades.

“El 28 de septiembre de 2021, dos días antes de concluir la administración (de Silvano Aureoles) se hicieron las dispersiones de los pagos a la empresa. Justo en esas fechas se trataron de protocolizar las compraventas en una Notaría en la Ciudad de México”, destacó.

En su exposición, dio a conocer prácticamente el momento a momento de la indagatoria que escaló al piano federal, al grado de que atrajo poderosamente la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la misma que ha cavado la tumba de encumbrados personajes políticos.

Su cronología incluyó el momento en que la misma FGR determinó asegurar precautoriamente las instalaciones de los siete cuarteles. Y de ahí hacía arriba.


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