Morelia, Michoacán
La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial de Michoacán representa un cambio significativo que, aunque no es recibido con entusiasmo, será acatado, afirmó Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“No sería honesto decir que la recibimos con gusto; desde mi perspectiva, es una situación que afectará al Poder Judicial”, señaló en entrevista, Reséndiz, quien expresó reservas respecto a algunos de los cambios implementados.
Entre las disposiciones de la reforma destaca la inclusión del requisito de cumplir con el “3 de 3” para quienes aspiren a cargos en el sistema judicial, es decir, que no hayan cometido actos de violencia vicaria, violencia de género o abusos relacionados. Este aspecto fue visto con buenos ojos por Reséndiz, quien recalcó la importancia de prevenir que personas con antecedentes de violencia formen parte de la judicatura.
No obstante, Reséndiz García expresó preocupación ante otros aspectos de la reforma, como el sistema de selección por tómbola y los cambios en la estructura organizacional que, según su visión, requieren un análisis más profundo. La reforma también contempla la salida anticipada de aproximadamente el 50% de los jueces y magistrados en 2025, muchos de ellos con posibilidad de acogerse a un programa de retiro anticipado, aún en proceso de elaboración.
En términos financieros, el magistrado presidente destacó que será necesario solicitar un incremento en el presupuesto del Poder Judicial para cubrir los gastos de liquidaciones, el otorgamiento de plazas definitivas al personal. Estimó que el aumento presupuestal requerido podría elevarse hasta dos terceras partes del actual presupuesto, situado cercano a los mil 600 millones de pesos, sin considerar los gastos adicionales del programa de retiro anticipado.
La reforma impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y ya aprobada por el Congreso local, establece además la elección directa de magistrados y jueces, así como la creación de nuevos órganos, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, lo que, marca un precedente en la democratización de la justicia en el país.
