Mirador Ambiental
Vivir en una pendiente coronada por una hoya agrícola es una experiencia aterradora. En la franja aguacatera michoacana, de acuerdo con datos oficiales del 2019, se habían instalado hasta entonces más de 20 mil con la finalidad de abastecer de agua a las plantaciones.
Las hoyas concentradoras son construcciones artesanales y frágiles, ajenas a toda norma aprobada de seguridad, consistentes en un foso excavado cuya tierra se amontona en sus bordes para incrementar la capacidad de almacenamiento y son cubiertas en su interior por geomembrana para evitar la filtración y pérdida del líquido. Geomembrana que suele ser perforada por tortugas y roedores.
De las decenas de miles de hoyas que pueblan la franja aguacatera pocas cuentan con autorizaciones formales. En su inmensa mayoría son ilegales, fueron instaladas y construidas sin contar con estudios de impacto ambiental, sin permiso para el cambio de uso de suelo, sin autorización de Conagua para el aprovechamiento de aguas superficiales o profundas y sin verificación y permisos de Protección Civil estatal o municipal.
Cada hoya concentradora es un cúmulo de delitos ambientales y a la vez de impunidades flagrantes. Y aunque su existencia y cantidad abrumadora es reconocida por las autoridades federales, estatales y municipales, su presencia e incremento anual las desafía y hasta ahora han ganado la partida. Para frenar este fenómeno dañino para el medio ambiente, que limita el cumplimiento del artículo 4° constitucional y pone en riesgo la vida y el patrimonio de miles de pobladores serranos, no ha habido hasta ahora ni siquiera la hoja de un decreto para contener su construcción y regulación como tampoco la aplicación de las leyes vigentes que expresamente las prohíben.
Las hoyas concentradoras son noticia en las dos temporadas anuales en las que su presencia genera conflictos. En la época de sequía porque se roban los escurrimientos que debían correr cause abajo dejando a pobladores y localidades sin agua para atender sus necesidades personales y las de sus cultivos y ganados, y en la época de lluvias porque la fragilidad de sus construcciones termina colapsándolas y poniendo en riesgo la vida y propiedades de quienes habitan tierras abajo.
La gran mayoría de estas estructuras son instaladas en pendientes y en las partes más altas de las huertas para que los riegos se puedan hacer por gravedad. En muchos casos están construidas arriba de caseríos o de poblaciones, es el caso de San Pedro (en Madero) con 180 habitantes que les construyeron una hoya justo en su parte alta, en el cerro del Picacho. Es como si los pobladores tuvieran de manera permanente una pistola apuntando a su cabeza.
La lluvias ciclónicas de John han saturado los suelos y ocasionado el reblandecimiento de estas estructuras ilegales tronándolas o fracturándolas. El viernes 27 por la noche, en la localidad de los Lobos, en Madero, una hoya colapsó. Un ciudadano afectado por el evento compartió su testimonio en redes sociales:
“…la noche de ayer, a eso de las 11:30 de la noche, los habitantes de la comunidad de los Lobos, de este municipio de Madero, tuvimos una noche sumamente complicada derivado de que cerro arriba, gente que sin tomar en cuenta el impacto ecológico, mucho menos la seguridad de las personas que vivimos en la parte baja construyeron una hoya agrícola, de esas que cualquiera construye sin ninguna regulación de nada y donde les da la gana.
“Debido al terreno escabroso que eligieron, sin tomar en cuenta nada, y por supuesto por el clima de los últimos días se combinaron para lo que tenía que pasar. Los habitantes de la comunidad, entre ellos niños y personas de la tercera edad, a la mitad de la noche, tuvimos que desalojar nuestras casas debido a que la hoya mencionada colapsó arrojando hacia nuestras casas una cantidad enorme de agua, lodo y rocas.
“Estoy seguro de que si la familia del responsable de este proyecto hubiera estado en el riesgo en el que nos puso, lo hubiera pensado dos veces antes de tomar esa decisión tan nefasta…”
Ese mismo día 27 se reportó en la tenencia mezcalera de Etúcuaro una crecida repentina que inundó el campo deportivo y una calle aledaña al cauce del río Porúas, la que con toda seguridad fue ocasionada por la ruptura de otra hoya instalada en la serranía. Al día siguiente, el sábado 28 al filo de media tarde, otra hoya (35 m x 16 m) reventó, ésta en las cercanías de San Pedro Piedras Gordas, ocasionando la obstrucción de la brecha que comunica a esta localidad con la carretera Morelia-Eréndira.
A no más de 400 metros otra hoya, esta de grandes dimensiones (130 m x 55 m), fue reportada al municipio por un ciudadano el viernes 27 porque estando llena estaba fracturada y amenazaba con colapsar. Esta hoya, a tan sólo 90 metros de un caserío y con diferencial de altura de 10 metros, si no se clausura va a ocasionar una tragedia tanto en perjuicio de los habitantes del caserío como de la poblaciones tierras abajo, en Etúcuaro, a donde la crecida podría dañar decenas de viviendas.
Las hoyas reportadas lo han sido, o bien porque reventaron o bien porque están a la vista de los andantes. La pregunta imprescindible es ¿en qué situación se encuentran las más de 850 hoyas que hay por toda la sierra de Madero y que no están a la vista? Y ¿cómo evolucionarán con las lluvias que se anuncian para el mes de octubre si nos atenemos al hecho de que a estas alturas los suelos están ya saturados de agua?
El Gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado tienen el deber de generar de manera extraordinaria un sistema de monitoreo de todas las hoyas y utilizar para ello el sistema de Guardián Forestal y establecer un programa preventivo con Protección Civil. Es también su deber investigar a los dueños de las hoyas colapsadas y a sus constructores para que paguen los daños físicos y morales ocasionados a los pobladores y evitar que se sigan construyendo al margen de la ley.
Las hoyas fuera de la ley y al margen de toda norma y ética de construcción deben ser investigadas y sancionados los responsables. No deben esperar a que las hoyas colapsen y enluten hogares.
*El autor es experto en temas de Medio Ambiente, e integrante del Consejo Estatal de Ecología
