Morelia, Michoacán
En un contexto de creciente escrutinio sobre la autenticidad de los candidatos que se identifican como parte de la comunidad LGBTQI, Araceli Gutiérrez Cortés, consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), declaró que el instituto no cuenta con las herramientas necesarias para verificar la auto adscripción de dichas candidaturas. Según Gutiérrez Cortés, el diseño normativo actual no permite al IEM exigir pruebas específicas que demuestren la pertenencia a la diversidad sexual sin incurrir en lo que podría ser una doble discriminación.
Gutiérrez Cortés explicó que, aunque el instituto tiene la facultad de actuar en casos donde se sospeche de simulación, no puede imponer requisitos adicionales ni hacer interpretaciones más allá de lo establecido por la ley. “Las ocho personas cuestionadas en su auto adscripción fueron requeridas a presentarse personalmente ante el instituto y ratificaron su auto adscripción a la comunidad LGBTQI en dos ocasiones. Frente a esto, el órgano electoral no puede exigir documentación específica que acredite su pertenencia,” puntualizó.
La consejera subrayó la complejidad de diseñar un marco jurídico que, por un lado, garantice los derechos humanos y, por otro, evite simulaciones que son difíciles de comprobar. Cualquier intento de exigir pruebas como un estado civil específico, comportamientos determinados, o documentos que acrediten un cambio de identidad, podría resultar en una doble discriminación.
Gutiérrez Cortés también destacó que la auto adscripción simple ha sido el criterio adoptado por las máximas instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales, para acreditar la pertenencia a la comunidad LGBTQI. Aunque algunos estados como Nayarit han intentado regular una auto adscripción calificada, la interpretación de los tribunales ha favorecido la simple. No obstante, la consejera señaló la necesidad de que los tribunales revisen este criterio para permitir una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil y la posibilidad de requerir algún tipo de activismo o documento adicional que acredite la pertenencia a estos grupos.
Finalmente, la consejera hizo un llamado a reconsiderar el enfoque jurídico actual para evitar tanto la simulación como la doble discriminación, promoviendo un equilibrio que respete los derechos humanos y garantice la autenticidad en los procesos electorales.
