A menos de veinte días de la jornada electoral, las y los candidatos a los distintos cargos han afinado sus estrategias camino al cierre de las campañas más duraderas sobre las que tengamos memoria en los últimos años, no porque así se encuentre establecido en las reglas electorales sino porque como en ningún otro proceso electoral, han sido violentadas por los actores en disputa, candidatos y partidos políticos, en una acción sistemática de simulaciones que le han dado vuelta a las normas como a las determinaciones de las autoridades electorales; lo mismos en tiempos y actos anticipados de campaña, que en registros dudosos de candidaturas afirmativas, para poblaciones LGBTQ+, como ocurrió en Michoacán.

A estas, se han sumado la intromisión de actores gubernamentales claramente intencionados en favor de unos y otros, desde el presidente de la República, pasando por los gobernadores y presidentes municipales, hasta actores ilícitos, como los grupos delincuenciales que lo mismo han hecho renunciar a candidatos, que, asesinado a otros, en distintas partes del país; Maravatío en Michoacán es el ejemplo paradigmático de la violencia política, dos precandidatos a presidente municipal de distintos partidos asesinados apenas con un par de horas de diferencia.

La apuesta plebiscitaria colocada por el presidente en febrero pasado con la presentación de una veintena de iniciativas, a fin de hacer más notoria la diferencia de visiones de país entre los dos grupos en disputa, las coaliciones gobernante y opositora, fue el llamado implícito al voto en bloque, el plan C, para obtener la mayoría legislativa en las cámaras federales y con ello la posibilidad de realizar las reformas constitucionales, y que aún colocadas en una maraña de temas diverso, tiene como núcleo, la modificación del cambio de régimen político.

En esa ruptura, está situada el clevage de la elección, en la propuesta y eventual modificación de un cambio de régimen político, tal cual lo conocemos ahora y que no es cosa menor, cuando lo que se pretende cambiar son las reglas de acceso y distribución del poder público; las de acceso y las de distribución del poder. La primeras colocadas en el sistema electoral y las segundas en el diseño institucional, es decir, de límites institucionales, tanto horizontales, explícitos en el principio de separación de poderes, en los pesos y contrapesos, como en los verticales, expresados en la composición de los poderes en los estados y municipios, a través de la composición de los congresos locales y ayuntamientos.

Esta intervención programática del presidente no sólo enmarcó el tablero del juego electoral, sino que con ella alcanzo el clímax de la narrativa polarizadora construida a lo largo de su trayectoria política. En términos politológicos, habrá que reconocerle la transformación del sistema de partidos, que tras el proceso de transición en el año 2000 había alcanzado a constituirse como un sistema de tres o dos y medio partidos; y hoy aun con la presencia de un Movimiento Ciudadano, ya no ha lugar a dudas de que estamos frente a un sistema bipartidista.

Pues, por un lado, hizo casi invisibles las fronteras entre los partidos tradicionalmente en pugna el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, al mismo tiempo que con la creación de Morena y la desbandada de militantes del primer partido de izquierda institucionalizado, el de la Revolución Democrática, a poco más de 35 años de su creación, está a punto de llegar a su ocaso. Además de arropar en el manto de la coalición gobernante, a los partidos bisagra del Trabajo y Verde.

La apuesta polarizadora siempre ha sido una peligrosa jugada, pues en ese mismo movimiento que no deja lugar más que a dos bloques, no solo arropa y “a trapa todo” de manera inercial y conveniente desde el partido en el poder, sino que también aglutina las resistencias partidistas opositoras, por cierto, cada vez más tendientes a la oligarquización familiar y de cuates, pero sobre todo, de aquellos grupos que no identificados en los partidos opositores, pero críticos al régimen, afectados o no de manera directa, incluidos intelectuales, académicos, organizaciones, expresiones sociales o poderes económicos, grupos no coincidentes naturalmente; les congrega y obliga a caminar juntos.

Así lo harán nuevamente en la marcha rosa del próximo domingo 19 de mayo, pero ya sin disimulos ni expresiones tibias, porque si antes lo dudaban o ponían por encima los principios democráticos y la defensa de las instituciones por sobre la contienda electoral, hoy ya no tienen otra opción, ello explica la presencia de la candidata presidencial y el candidato a la Ciudad de México de la coalición opositora. En breve sabremos si esa jugada del presidente termine por poner en riesgo su apuesta mayoritaria en el Congreso federal, como en las contiendas locales, en donde como he señalado, las tensiones regionales muy probablemente tenderán a reequilibrar las fuerzas políticas, resultado de un voto cruzado.

Hacer política va más allá de ejercer el poder, ese que por ser legalmente constituido guarda en sí mismo una autoridad legítima, hacer política tampoco es anular las diferencias, ya no digamos al otro, porque en el momento que eso ocurre pierde sentido lo político, hacer política implica leer el momento y lo que se pone en juego en un momento coyuntural para acceder o mantener el poder político, como lo son naturalmente las elecciones. En Morelia, la joya de la corona de la elección local, esta semana en Morena ocurrió sino lo impensable, sí poco probable ante los agravios expuestos, un llamado de unidad encabezado por Raúl Morón y Carlos Torres Piña, candidato a la presidencia municipal.

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