Morelia, Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha hecho un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no politice la resolución sobre la discusión que gira en torno a la inaplicación de la prisión preventiva en México. Bedolla expresó su preocupación ante las posibles repercusiones que podría tener una decisión contraria a la prisión preventiva oficiosa en materia de seguridad para la población mexicana.
“Que no politice, sabemos que hay diferencias grandes entre el Ejecutivo federal y la Corte, pero que eso no sea un elemento decisivo definitorio de ministros, sino que pongan la seguridad de las personas y de la población enfrente del debate”, señaló el gobernador.
Bedolla enfatizó que la SCJN es el máximo órgano judicial en México y que no hay posibilidad de impugnar una resolución emitida por este tribunal. Por lo tanto, la preocupación es real ante la posibilidad de que una votación ponga en riesgo la seguridad de toda la población en el país.
El debate sobre la prisión preventiva oficiosa se da en el contexto de una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, para eliminar esta medida en México. Sin embargo, Bedolla advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de tal decisión, destacando que la Fiscalía General de la República calcula que podrían quedar libres hasta 65 mil presuntos delincuentes si se elimina la prisión preventiva oficiosa.
“Sería una super puerta giratoria, la más grande del mundo para liberar a posibles delincuentes, eso generaría un clima no deseado y complejo aún más en materia de seguridad para las fiscalías, gobiernos y para la población en general”, advirtió el gobernador.
Bedolla concluyó su llamado con conocimiento de causa, destacando que varios gobernadores coinciden en la importancia de mantener la prisión preventiva oficiosa como una medida contemplada en la Constitución, así como la supremacía constitucional en este y otros temas de interés nacional.
La SCJN considera inaplicar la prisión preventiva oficiosa debido a que vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la integridad personal. Esta medida se propone en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que condenó a México por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos al mantener el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el caso García Rodríguez y otro vs. México.
