Ciudad de México
El uso de explosivos manipulados con drones para atacar bienes o personas, como ha sido el caso de Michoacán, será castigado hasta con 53 años de cárcel, de prosperar una iniciativa que está caminando en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo, ya pasó su primera aduana en la Comisión de Justicia, donde los 27 legisladores que revisaron la propuesta votaron de manera unánime a favor. Ningún voto en contra ni tampoco abstenciones.
De acuerdo con el proyecto, esa cantidad de años podrán recibir quienes hagan uso de drones “con el fin de cometer actos contra bienes o servicios públicos y privados, la integridad de las personas, o produzcan alarma, temor o terror en la población”.
La iniciativa implica realizar modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para agravar las penas por la utilización de aeronaves piloteadas a distancia – como también se le conoce a los drones – para arrojar objetos o artefactos explosivos, así como sustancias químicas sobre otras personas o bienes.
La siguiente aduana, y definitiva para la aprobación o negativa a la reforma, será la discusión y votación de los 500 diputados que conforman el pleno del Cámara.
En el documento se clasifica este tipo de ataques como actos de terrorismo que atentan contra la seguridad nacional o que son ejecutados a fin de presionar a la autoridad o a un particular.
También se revela que, del 2020 a la fecha, se han reportado 605 ataques con drones en el país, destacando los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
“Tan sólo durante el primer semestre de este año se han verificado 260 ataques de este tipo, es decir, 27 más que en todo 2022”, detalla el apartado de motivos de esta iniciativa.
