Morelia, Michoacán
El juicio político que la Contraloría de Michoacán ha solicitado al Congreso del Estado contra el auditor superior del estado, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, responde a que se comenzó a auditar la Cuenta Pública 2022, aseguró el auditor.
“Es una persecución hacia mi persona porque se quiere el cargo y están afectando no nada más a mi persona, a todo mi alrededor”, declaró.
No obstante, el proceso no ha pasado de las declaraciones, ya que a pesar de que la contralora anunció que el Congreso del Estado ya cuenta con la solicitud de juicio político, al auditor superior no se le ha notificado:
“No sé de dónde lo están sacando, porque a mí no me han notificado nada […] No puedo hacer aboslutamente nada si no estoy notificado”, dijo.
Agregó que la Contraloría y el Congreso estatal han violado su derecho de audiencia, pues hasta ahora no se le ha notificado de ningún proceso legal en su contra, así como al debido proceso, pues las supuestas irregularidades se han expuesto ante medios de comunicación, con su nombre y apellido.
Observó que como auditor, siempre ha evitado dar a la prensa el nombre de los funcionarios que está investigando para no obstaculizar el debido proceso y se ha limitado a describir los procesos y los detalles de las investigaciones, en tanto no estén concluidas.
Por otro lado, aseguró que existe una persecución política en su contra desde finales de 2021, y recordó que se le llegó a adjudicar la propiedad de un predio incautado por el ejército que originalmente se había presentado ante los medios como propiedad de Silvano Aureoles, pero que finalmente resultó no ser propiedad de ninguno de los dos.
Aguirre Abellaneda reconoció que una vez que cuente con las notificaciones correspondientes y pueda saber concrétamente de qué es lo que se le acusa, podría considerar interponer una denuncia por daño al honor, pues hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba de las irregularidades de que se le acusan.
De acuerdo con la contralora de Michoacán, Azucena Marín, el auditor se habría coludido con el Ayuntamiento de Morelia para el ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), supuestamente a través de empresas de su propiedad. Por esta razón es que la Contraloría auditaría el ejercicio de este fondo, lo cual, de acuerdo con el auditor, no es el procedimiento legal.
“Ahora resulta que la Contraloría puede auditar municipios”, ironizó.
“Me están acusando no sé de qué y tenemos que seguir con la situación”, expresó, refiriéndose a la fiscalización de la cuenta pública y aseguró que no se le están dando los elementos que requiere para auditar, por lo que se vio obligado a emitir un oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración para que entregue la información necesaria para llevar a cabo las auditorías correspondientes.
Se ha dicho que existe un interés particular por colocar a alguien cercano al gobierno actual en el lugar de Miguel Ángel Aguirre, pero éste recordo que no es posible, pues por ley, en caso de que él dejara su cargo, éste correspondería al auditor especial de normatividad.
Advirtió que podrían avecinarse reformas de ley, como la que llevó a volver a dejar sin autonomía presupuestal a la ASM y depender del Congreso para el presente ejercicio, pues de acuerdo con su perspectiva, la intención es “desarmar” a esta instancia.
