Morelia, Michoacán
Por un presunto quebranto de 30 millones de pesos al erario público del Gobierno del Estado de Michoacán, es investigado Carlos Maldonado Mendoza, quien fuera titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
Así lo indicó el titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, César Augusto Ocegueda Robledo, quien explicó que la actual administración promoverá un juicio legal en contra del exfuncionario para recuperar 30 millones de pesos por supuestos cochupos realizados por Maldonado Mendoza.
En conferencia de prensa desde Casa Michoacán, el funcionario estatal precisó que entre el 2012 y el 2013 -cuando estaban al frente del estado Fausto Vallejo y Jesús Reyna-, el Gobierno de Michoacán (a través de Finanzas y el DIF) firmó contratos con la empresa Soriana por 211 millones de pesos para entregar despensas a elementos de la Policía Federal. Lo anterior, a pesar de que las reglas de operación de los programas sociales no están diseñados para entregar despensas a los azules. No obstante, el gobierno nunca pagó las despensas a Soriana, por lo cual la empresa demandó.
Ya en 2017, estando en su puesto como secretario de Finanzas Carlos Maldonado, aceptó el adeudo de 211 millones de pesos, el cual “a todas luces” era ilegal, porque nunca hubo pruebas de la entrega de despensas a los uniformados. Pese a ello, se concedió un primer pago de 30 millones de pesos a la empresa.
“Se detectaron faltas administrativas graves, porque el secretario de Finanzas de la administración pasada no tenía las facultades legales para reconocer adeudo”, indicó el funcionario estatal.
Tras dicho embrollo, el actual gobierno estatal presentó el caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa y tras su revisión, se emitió una sentencia para suspender los pagos a la empresa, la cual se amparó pero perdió, por lo que se declaró improcedente la acción de pago y se promoverá un recurso legal para lograr la reparación del daño.
Ahora el exfuncionario estatal es investigado por diversas faltas: reconocer adeudos ilegales y comprometer un pago de 30 millones de pesos sin tener sentencia judicial. Las autoridades estatales recalcan que será llamado a la brevedad para que aclare el desaseo que dejó en el tema.
