De feminicidio a homicidio culposo, muerte de Frida Santamaría

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Morelia, Michoacán

De feminicidio a homicidio culposo, así fue reclasificado el crimen que cobrara la vida de Frida Santamaría García, joven asesinada en Sahuayo, en junio de 2022.

Más aún, la petición del presunto responsable, Juan A., de un juicio abreviado, fue aceptada y se celebrará mañana miércoles 4 de enero.

Esto, sin que la fiscalía regional de Jiquilpan pidiera a Patricia y Eduardo, padres de Frida Santamaría, su parecer; sin el seguimiento del correspondiente proceso, y pese a las contradicciones entre las declaraciones de Juan A. y sus testigos, así como las pruebas periciales, que indican su probable participación.

“Ya están preparando las lonas y los foquitos, porque esperan que mañana (Juan A.) salga y vaya a su casa”, dice, entre lágrimas, Eduardo.

Como otras víctimas indirectas de feminicidio, Patricia refiere que el dolor no queda en la muerte de su hija, ya que aún después debe enfrentar “cómo su imagen es pisoteada, cómo es revictimizada, para generar las condiciones para que el presunto feminicida quede libre”.

“Con indignación y rabia vemos que la fiscalía regional en Jiquilpan ha reclasificado el delito de feminicidio a homicidio culposo y ha solicitado el juicio abreviado, una decisión de la que apenas el pasado domingo se enteró la familia de Frida, mediante notificación del juez, de otra forma, no sabrían que la audiencia será mañana”, agregan representantes de la colectivas feministas MAPAS.

Los padres de la joven y MAPAS coinciden en que estos hechos, que califican como arbitrarios, continúan una larga lista de deficiencias y fallas en el proceso que estarían encaminadas a asegurar la libertad de Juan A., cuya familia, señalan, tiene presencia en la vida política de Sahuayo y la entidad.

No sólo no informaron a la familia de Frida sobre la reclasificación del delito, la aceptación del juicio abreviado y su celebración el miércoles 4 de enero, aseguran. Tampoco hubo una investigación con perspectiva de género, una aplicación de los protocolos para las muertes violentas de mujeres o consistencia entre las declaraciones y las probatorias.

Patricia recuerda que en septiembre del año pasado, con motivo de la audiencia inicial, no hubo testigos de los hechos, a pesar de que Frida fue asesinada en medio de una fiesta, lo que atribuye a que los asistentes fueron amenazados para declarar a favor de Juan A.

El presunto responsable, con quien, señala, Frida mantenía una relación de noviazgo los últimos meses, negó todo vínculo con la víctima, así como disponer del arma homicida y el teléfono celular de la joven.

En diciembre pasado, al solicitar un juicio abreviado, “para buscar una sentencia reducida”, Juan A. acepta que tras los hechos desapareció por varias semanas, echando por tierra las declaraciones de los testigos, y reconoce que tuvo una relación cercana con Frida.

Además, expuso su versión, que refiere un homicidio no intencionado, aunque las periciales mostraron que la joven no tenía restos de pólvora en sus manos y, por la ubicación de sus lesiones, no pudo infligirse estas.

“Queda claro que la Fiscalía General del Estado (FGE) no está comprometida con la erradicación del feminicidio y es responsable de fomentar la impunidad en los delitos contra las mujeres. Si eso está pasando en Jiquilpan, ¿qué más sucede en las otras fiscalías regionales?”, reiteran las representantes de MAPAS.

Aunque en la casa de Juan A., están en marcha los preparativos para celebrar su regreso, los padres de Frida Santamaría hicieron un llamado al juez Mario Sotelo a no permitir la impunidad en este caso.

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