Morelia, Michoacán
El 80 por ciento de michoacanos que han sido víctimas de desplazamiento forzado han tenido que refugiarse en albergues de Tijuana; la mayoría son mujeres, a las que se restituirán sus derechos, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
“Atendemos el tema con diversas instituciones, ahora con la firma de convenio con ACNUR nos brindarán herramientas para atender el desplazamiento forzado con su asesoría y acompañamiento técnico”, destacó tras reconocer que se trata de un problema que debe resolverse de manera institucional.
El mandatario y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri, firmaron acuerdo de colaboración para brindar atención integral al fenómeno.
El representante en México de ACNUR, documentó que el desplazamiento forzado afecta a 59 millones de personas en el mundo, enfatizando que la atención del fenómeno de movilidad humana recae en autoridades estatales.
Brenda Fraga, secretaria del Migrante, destacó entre las acciones emergentes, reuniones con colectivos, diagnósticos y visitas a 26 albergues fronterizos, en coordinación con 17 dependencias y representantes de la sociedad civil que integran el Comité Interinstitucional para la Atención al Desplazamiento Forzado en Michoacán.
Adelantó que se presentará una iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y detalló el proceso de colaboración con ACNUR para generar soluciones duraderas, como la integración laboral y el trabajo digno.
Dijo que Semigrante ha brindado atención a 100 núcleos familiares michoacanos en situación de desplazamiento forzado, con orientación jurídica, canalización a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y acompañamiento en diversos procesos ante otras instancias.
Fraga destacó la tarea del equipo de Semigrante y celebró que desde ACNUR contaran con la asesoría necesaria para atender las violaciones de los derechos humanos que genera el desplazamiento forzado.
