Morelia, Michoacán
Condenadas a la impunidad y al olvido, así se encuentran, a cerca de 14 años de distancia, las víctimas de los ataques con granadas dirigidos en contra de la población civil, el 15 de septiembre de 2008, en Morelia.
Es el sentir de Paz Bravo, madre de Ariana, una de las más de 100 víctimas que dejaron los llamados granadazos que ensombrecieron la ceremonia del Grito de Dolores. Es la percepción de Reyna Velasco, abogada de 12 de las personas que resultaron lesionadas o sus familiares fallecidos en estos ataques.
Y es que a escasos días de cumplirse 14 años de los granadazos, las víctimas y sus familias no han recibido justicia o reparación del daño y persiste el requerimiento de apoyos en salud como la más sentidas.
A esto se suma un trato diferenciado hacia las víctimas, de las que alrededor de 20 no han sido reconocidas en esta calidad y no han iniciado un proceso para ello, puesto que la carpeta de investigación de los hechos sólo abarca a 89 personas afectadas.
Entre los perjudicados, el proceder de las autoridades también ha sido desigual, especialmente hacia quienes cuentan con un abogado particular para asesorarles en los trámites.
La llegada de una nueva administración estatal no ha conllevado un cambio notorio en esta situación de permanencia en la impunidad, ya que apenas el mes anterior se iniciaron acercamientos de las víctimas con representantes de las secretarías de Gobierno (Segob) y de Salud de Michoacán (SSM), sin una proyección de un encuentro con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió Reyna Velasco.
Aunque no descartó que el próximo 15 de septiembre pueda darse esta reunión, en la ceremonia conmemorativa que se prevé realizar en memoria de los afectados.
Ante la Federación la resolución tampoco luce cercana: fue en julio de este año cuando la Comisión Nacional de Atención a Víctimas se acercó a los perjudicados para buscar concretar una reparación del daño y reducir la dependencia que tienen respecto de los mecanismos de apoyo implementados desde el Estado, a través de un decreto legislativo y materializado en forma de pensiones temporales y vitalicias.
Más aún, se tienen pendientes de ejecución 2 órdenes de aprehensión, una de las cuales no se podrá cumplimentar, ya que el sujeto involucrado, Heriberto Lazcano, ya pereció.
“Si no hay justicia, por lo menos que tengan reparación del daño, pero pareciera que sólo los buscan en estas fechas y el resto del año los vuelven a olvidar”, lamentó Reyna Velasco.
A casi 14 años de distancia, las heridas aún duelen, especialmente porque son múltiples los pendientes y las necesidades que se deben de atender y que no han obtenido respuesta, agregó Paz Bravo.
La reunión con el exgobernador Silvano Aureoles pudo causar “revuelo”, pero no se concretó en un impacto para las víctimas, ya que “únicamente nos dijo que va a buscar la Presidencia del país, no prometió nada”.
Desde su percepción, los apoyos recibidos en el pasado sexenio se vieron mermados por un trato diferenciado en función de las personas que se acercaron al Gobierno Estatal para buscar respaldo para continuar sus vidas, luego de la tragedia.
“Me sentí rechazada, mal, se distinguía a las personas”, reiteró.
