Melissa García – Morelia, Michoacán
Propone la diputada Lucila Martínez Manriquez destituir a funcionarios públicos que hayan cometido delitos contra la libertad sexual.
La diputada del Partido Verde, Lucíla Martínez, propuso ampliar penas a quienes resulten agresores sexuales de personas vulnerables.
Los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual constituyen una violación a los derechos humanos específicos como: derecho a una vida libre de violencia, derecho a una vida segura, derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, expuso en la Tribuna del Congreso.
Este tipo de violencia deja huellas psicológicas y físicas no sólo a quienes sufren la violencia directa sino a familiares y amigos, enunció.
Aunque el delito no distingue sexo o edad, reconoció que hay personas más vulnerables, como lo son: mujeres, niñas/niños y miembros de la comunidad LGBTQ+.
Tan sólo en el 2018 el 90% de las víctimas de delitos sexuales en México fueron mujeres. De acuerdo con las cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 9 de cada 10 personas agredidas son mujeres, el 40% son menores de 15 años. De los abusos perpetrados, 9 de cada 10 fueron por hombres y el 70% ocurrió en el hogar de la víctima.
Según datos del INEGI hasta el mes de agosto del año pasado, este tipo de delitos sumaron 4.4 millones de mujeres de 15 y mas años. La cifra ha crecido en un 20% durante primer trimestre del presente año.
En este contexto, la legisladora considera que es obligación de los legisladores velar por tener un marco normativo actualizado y en conformidad con las leyes superiores y las recomendaciones de los organismos internacionales.
Reconoció que las actuales sanciones que impone el Código penal del Estado de Michoacán no se encuentran armonizadas con el Código penal Federal y no se ha atendido a las recomendaciones de la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Además la legisladora recalcó, que es irrefutable que ha habido funcionarios públicos que han cometido este tipo de delitos, haciendo uso de su posición de poder, por ello, una vez que sea comprobada su responsabilidad, dichos funcionarios deben ser inhabilitados para la función pública.
Asimismo, refirió que es necesario definir con claridad los actos sexuales para no caer en ambigüedades que impidan el castigo conforme a la pena que les corresponda.
