Ha dicho el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que los programas sociales y la seguridad (en ese orden) dominaron en la visión para elaborar el proyecto de Presupuesto 2020 que fue enviado al Congreso de la Unión. Es estratégico, presumió el responsable de las finanzas nacionales sobre el documento, supervisado, vigilado y avalado en cada etapa de su confección por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En cifras, a reserva de lo que mueva, suba o baje el Legislativo, así quedan: programas sociales (ayudas y becas directas a sus beneficiarios), 257 mil millones de pesos; Guardia Nacional, Ejército, Marina y Fiscalía, todos juntos, 204 mil millones de pesos.
Se entiende, pues, que el tema más caliente y de mayor preocupación para la administración de la autollamada cuarta transformación es el de la inseguridad y la violencia. Y si nos atenemos al discurso presidencial de que orientará su estrategia de combate a la delincuencia atacando la pobreza y el desempleo, entonces podríamos ‘cabecear’ así la nota, sin mayor rubor: “Van 461 mil millones de pesos al plan para reducir la violencia e inseguridad”.
No se oye mal. Sin embargo, los hechos, las actitudes y desplantes del mismísimo presidente de la República echan tierra a cualquier proyecto presupuestal y nos llevan a concluir y advertir —otra vez— que el lopezobradorismo carece de una definida política de Estado que permita suponer que la tendencia criminal se revertirá. No se ve por dónde, ni cómo ni cuándo.
Incluso, sin una clara ruta de acción y operatividad, la recién creada Guardia Nacional parece una leyenda de culto popular: todos dicen que existe, pero nadie la ve. Todo mundo habla de ella, pero no sabemos dónde está.
La retórica academicista del titular de la Secretaría de Seguridad y supuesto mando civil de la Guardia Nacional, Alfonso Durazo Montaño, tampoco ayuda mucho, y más bien lo enreda todo.
O a ver, que alguien nos explique cómo van a atender la “emergencia nacional” que Durazo distingue por la inseguridad con una Guardia Nacional, soldados y marinos supeditados a la orden presidencial de no actuar contra los criminales, porque ya no se utilizarán las fuerzas armadas para “reprimir”.
Y ahí tenemos, enmedio de la ‘emergencia nacional’, a soldados, marinos y policías paralizados, maniatados cuando no exhibidos, como en los municipios michoacanos de La Huacana y Los Reyes, en Querétaro y en Tamaulipas… como los vimos en Tlahuelilpan, Hidalgo, rebasados por la turba, en la peor tragedia que ha provocado el huachicol.
Lo más sintomático, sin embargo, lo pone el presidente López Obrador, completamente rebasado por la situación. ¿O significan otra cosa sus ‘regaños’ y llamadas de atención a los delincuentes? ¿Alguien en su sano juicio puede tomar en serio eso de que un capo, un sicario hará caso al presidente, correrá a pedirle perdón a su mamacita y dirá fuchi, guácala a su actividad criminal?
Como chiste es muy malo, como anécdota en tiempos de la 4T resulta una pésima señal para la nación. Nada bueno se puede esperar.
Con la pena: ese muchísimo dinero (461 mil millones de pesos) que es de todos, que es del pueblo, no va a lucir. Así no.
¡Guácala, fuchi!
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
