Morelia, Michoacán
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio por el actuar de elementos de la Policía Morelia que detuvieron a dos adultos mayores en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, por realizar la venta de productos en la vía pública.
Por instrucción del ombudsperson Víctor Manuel Serrato Lozano, se inició la queja MOR/752/2019 en contra de los elementos de la Policía de Morelia, por presunta violación al derecho a las buenas prácticas de la administración pública, consistente en el derecho a la debida actuación de funcionarios al hacer cumplir la ley; a la integridad y seguridad personal; a la igualdad, consistente en derecho a ser libre de toda clase de discriminación, y a los derechos de la mujer a disfrutar de una vida libre de violencia.
La CEDH adviertió que los hechos en los que se detuvo a los adultos mayores no ameritaban el sometimiento violento por parte de los elementos policiales, por no existir un riesgo fundado a que se cometiera una agresión.
La Comisión señaló que de acuerdo a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo, los adultos mayores deben recibir un trato digno y apropiado de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos, así como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que intervengan en calidad de partes, agraviados, indiciados, sentenciados o víctimas del delito.
La legislación, indicó el organismo, prohíbe además todo acto abusivo de acción u omisión intencional, realizado por alguna persona física o moral, hacia una persona adulta mayor, dirigido a dominar, someter, controlar o agredirla de manera física, verbal, y/o psicológica.
Además esta normatividad obliga a los gobiernos municipales, en materia de protección de los derechos de las personas adultas mayores, a impulsar programas de autoempleo, de acuerdo a su profesión u oficio, a través de apoyos financieros, capacitación y la creación de redes de producción, distribución y comercialización (Capítulo VI, Artículo 22).
La CEDH conminó a los elementos de la Policía Morelia, que siguen acumulando quejas en este organismo, a conducirse con respeto a la integridad física, psíquica y moral, así como a la protección de la imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores, no solo de los adultos mayores, sino de todos los morelianos.
La Comisión aclaró que no se opone a la detención, sometimiento y aseguramiento de persona alguna, siempre y cuando su conducta esté prevista como delictiva por la legislación o como falta administrativa por las leyes secundarias y se amerite el uso de la fuerza.
Añadió que tampoco se opone a que los servidores públicos con facultades para hacer valer la ley cumplan con su deber, siempre y cuando tales actos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y en las leyes y reglamentos locales disponibles.
Un negro historial
La Policía de Morelia se ha visto envuelta en continuos escándalos por abuso de autoridad en contra de la ciudadanía, siendo el más reciente la agresión física y psicológica a una joven periodista que denunció un intento de violación. Los agentes municipales que acudieron supuestamente en su auxilio, dejaron libre a su agresor y decidieron detenerla, en el camino a la comisaría la denigraron y golpearon y la mantuvieron casi 7 horas encerrada, según lo denunció la víctima.
Posteriormente, tanto el médico legista como la juez se negaron a certificar sus lesiones y recibir sus denuncias de intento de violación y abuso policial, y la juzgadora prefirió reprenderla por “andar tomando” y “arriesgándose” en “su condición de mujer”. Finalmente, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, obstruyó el debido proceso al manifestar públicamente que la víctima mentía y la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento desplegó una campaña de desprestigio en contra de la denunciante.
Este caso de presunto abuso policial, detención ilegal y violencia institucional, entre otros crímenes, aún está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
