La desaparición forzada de personas y el número creciente de niños, jóvenes, mujeres y hombres cuyo paradero se desconoce, la mayoría de las veces -según las denuncias- por situaciones asociadas a la inseguridad y delincuencia que campean en el país, es una de las mayores vergüenzas y tragedias del Estado mexicano.
Es, por decirlo de algún modo, el hoyo negro en la crisis de violencia que, para el registro, sabemos empezó en 2006 y es, hoy por hoy, el dolor mayor para las mexicanas y los mexicanos.
¿Cómo empezar a contar la historia? Hacia adelante, habría que reescribirla a partir de tres conceptos básicos: la atención a los familiares de las y los desaparecidos; el seguimiento puntual de cada caso denunciado, y que no sean la corrupción ni la impunidad factores que inclinan investigaciones y decisiones, que tanto lastiman y confrontan.
La detención ayer por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de uno de los probables implicados en la desaparición de una joven universitaria, Nilda, de quien nada se sabe desde el pasado 17 marzo, nos lleva a aquella reflexión y a una conclusión: la desaparición forzada de personas en México debe ser atendida con la prioridad de un problema de Estado y hasta de seguridad nacional, antes de que se convierta en una crisis humanitaria, como tal vez ya lo es en algunas regiones del país.
En el caso de Michoacán, donde oficialmente se han presentado 3 mil 404 denuncias por desaparición de personas, todas de 2006 a la fecha, bien harían el gobernador Silvano Aureoles y la FGE en reforzar las áreas de investigación para avanzar en los mil 756 casos aún por resolver.
La conformación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán, que el gobernador Silvano Aureoles reafirmó como estratégica el pasado lunes, durante el informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, iría en esa dirección que, sin duda, sería la mejor muestra de que en la entidad se han registrado cambios significativos en materia de seguridad y combate a la impunidad.
Sería, además, una forma de humanizar la estrategia contra la inseguridad y la violencia, sobre todo ante el drama de los cientos de familias que llevan semanas, meses y quizás años buscando a las hijas, los hijos, los padres o cónyuges desaparecidos en los largos años de esta crisis.
Habrá que confiar en que así será. Por lo pronto, el nombramiento de Marco Antonio Hernández Zaragoza, activista respetable en la defensa de los derechos humanos, es una buena señal.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
