Juan Antonio Magallán – Morelia, Michoacán
Una condena de uno a cinco años de prisión será la pena para quienes cometan delitos ambientales en Michoacán, indicó Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet).
En entrevista, el funcionario estatal dijo que ya se tiene lista una propuesta de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que será enviada al Congreso de la Unión y en la que se tipificará a los delitos ambientales como delitos graves, por lo cual aquellos que sean sorprendidos en flagrancia dañando a los recursos naturales, no podrán pedir la suspensión de su proceso y pasarían entre uno y cinco años en la cárcel.
“El gobernador Silvano Aureoles Conejo plantea la tipificación como delito grave para aquellos que dañen el medioambiente, es decir que no alcancen fianza, sino sea una sanción directa a quienes cometan un delito ambiental; eso es importante porque hay muchos que cometen delitos, se les aprehende y para salir pagan fianza. Ahora proponemos que sea de uno a cinco años de prisión”, explicó.
Además, la propuesta de reforma contempla la generación de operativos para desinstalar sistemas productivos ilegales, acción que se ha emprendido en la entidad desde el inicio de la actual administración estatal, pero ahora se propondrá que se asiente en la ley federal y todos los gobernadores tengan la facultad de generar operativos para desinstalar huertos que no tengan todos los permisos.
“Esa facultad de hacer operativos solamente la tenemos en Michoacán, pues las acciones de las autoridades ambientales federales solamente son administrativas; levantan actas y llevan a los detenidos ante la Fiscalía, pero no hay contundencia, por eso lo plantearemos para que quede plasmado en la Ley General Forestal”, añadió Luna García.
La propuesta se presentará junto con autoridades ambientales de Campeche, Jalisco y Guanajuato, y tiene la finalidad de frenar la explotación desmedida del suelo.
En ese sentido, el secretario recordó que durante la actual administración estatal se ha desinstalado 650 hectáreas de aguacate que no contaban con el permiso de cambio de uso de suelo a través de 80 operativos, en 18 municipios.
