El gobernador Silvano Aureoles dio un paso adelante. En espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional que promovió para que la Federación se haga cargo de la nómina magisterial en el estado, urgió a plantear y aprobar una nueva Ley de Coordinación Fiscal, menos desventajosa para estados y municipios.
Durante una de sus intervenciones en el foro ‘La educación pública en México’, del cual es convocante y organizador, Aureoles fue al grano: tan injusto es el actual marco fiscal, que cada vez los estados y municipios asumen más responsabilidades pero reciben menos recursos, en términos reales.
Sin rodeos para identificar el problema y el histórico agravio, más en un país que se clama federalista: actualmente, de cada peso, 80 centavos van al Gobierno Federal y se quedan 20 para repartirse entre estados y municipios. Todavía, ironizó el Ejecutivo michoacano, “nos vienen a decir: ‘hazte cargo de la salud, de la educación, de la seguridad’ pero sin recursos”.
Un contrasentido, una vergüenza para un país y una clase política que se presume fiel creyente del municipalisno, de la soberanía y de la autonomía de los pueblos y regiones. En fin. ¿No habrá carta de disculpas por el pesado y avasallante centralismo? Es pregunta sin confrontación, sólo reivindicativa y reconciliatoria.
¿En qué va a parar todo esto? La conveniencia de una nueva Ley de Coordinación Fiscal, más equitativa o menos desigual -que no es lo mismo pero igual, diría el clásico-, no es nueva y ha sido tema recurrente, cada vez con más fuerza, en los últimos 10 años, por lo menos; ha topado, sin embargo, con el confort interesado y corrupto de legisladores y gobernantes anclados en las profundidades del centralismo de los recursos públicos.
¿Es tiempo de dar la batalla por un nuevo federalismo? Parece que sí, más con el cambio de régimen y las nada alentadoras señales que se mandan de centralización del poder, uso de programas sociales diseñados y planeados desde el centro y la ejecución de políticas públicas definidas a partir de la concentración de los recursos, como patrimonio de un solo y único proyecto de gobierno.
Importante, pues, dar el paso hacia adelante. Y bien vale la pena esperar los siguientes.
Por lo pronto, las miradas están en la Corte: de cómo resuelva la controversia promovida por Michoacán para un nuevo pacto por la educación, se podrán trazar rutas y dibujar escenarios.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
