Los puntos negros en el caso Mireles
En el estricto sentido de la procuración e impartición de la justicia -el debido proceso se dice ahora- José Manuel Mireles ni siquiera debió haber sido detenido aquel día del 27 de junio de 2014; mucho menos enviado a prisión y pasar ahí casi tres años de su vida.
¿Por qué el gobierno federal, concretamente el entonces comisionado Alfredo Castillo, se ensañaron con el médico de Tepalcatepec? Ese es uno más de los muchos pasajes negros que no terminan de aclararse en torno a los grupos de autodefensas que surgieron en Michoacán, y de los que Mireles fue líder, símbolo y vocero.
Con el paso del tiempo ha ido quedando al descubierto que todos los dirigentes de los grupos de defensa comunitarios, incluyendo a Mireles, se coordinaron, acordaron y establecieron algún tipo de pacto con el comisionado. Esa simbiosis permitió avanzar en lo que se convirtió el principal objetivo del enviado del presidente Enrique Peña Nieto: desmantelar al grupo delictivo dominante en buena parte del territorio estatal.
Los autodefensas, armados y con movilidad por el territorio estatal bajo el auspicio y tolerancia del gobierno federal, fueron punta de lanza en la estrategia oficial contra el cártel de los Caballeros Templarios; fueron vistos incluso, dentro y fuera del país, como la “única alternativa” que quedaba a los michoacanos en particular, y a los mexicanos en general, para enfrentar la creciente delincuencia; su aparición resultó un elemento más para quienes hablaban y escribían sobre el “Estado fallido”.
En algunos sectores, muy ligados a la izquierda, la fascinación alcanzó para verlos como un movimiento casi revolucionario, libertario; el inicio de una gesta social que daría paso a un nueva forma de organización comunitaria.
Se exageraba, por supuesto. Ni siquiera en su más “pura versión” y sentido de protección de sus bienes y personas -que sí lo hubo, por supuesto-, las brigadas comunitarias surgieron con aquellas ideas y alcances.
En medio de toda esa vorágine y expectativa mediática, surge la figura de José Manuel Mireles, que se convierte en el emblema de la lucha justiciera en Michoacán.
Todo esto, insistimos, auspiciado y tolerado por el gobierno federal.
Así anduvieron prácticamente todo 2013 y hasta mediados de 2014, cuando el gobierno federal “decide” que hay que volver al orden institucional y poner fin a las autodefensas. Se daría paso a la Policía Rural.
¿Qué pasó en ese proceso entre Mireles y Castillo? ¿Por qué el doctor de Tapalcatepec, primero acepta y luego rechaza, el plan oficial? ¿Qué acuerdos, qué pactos se rompieron?
Las versiones que en su momento esgrimieron una y otra parte dejan muchas dudas; la saña con la que el comisionado se lanzó a la detención del líder del movimiento, sólo confirmó que los delitos que se imputaron al acusado traían otra carga, muy ajena a la procuración y la impartición de justicia.
Por el auto de formal prisión que se le dictó, Mireles la libró dos años después de su detención; la acusación se desechó por falta de pruebas. Pero siguió preso por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Armada de México.
Y ayer, por fin, un poco de sensatez. Un juez decidió que el doctor puede seguir el proceso en libertad.
Se asomaron la prudencia y la justicia. Pero quedan dudas, muchas dudas, entre ellas lo que pasó y se rompió en aquellos días de mediados de 2014.
Aquí se queda… ¡Aquí entre nos!
