Un nuevo conflicto urbano ocurre por estos días en las colonias Balcones de Morelia y Fuentes de Morelia. El origen es de larga data, y se relaciona con la medida vecinal de enrejar el acceso a algunas áreas con la esperanza de paliar en parte los embates de la delincuencia.
Sucedió que esta semana elementos del Ayuntamiento pusieron un letrero de clausura ubicado en la reja de la calle José María Abarca. En pocas palabras: están avisando que van a tirar la reja.
El tema es complejo. El meollo del asunto estriba en que un grupo de habitantes de la calle contigua, José Antonio Jiménez, reclamó al Ayuntamiento. ¿El argumento? “Por qué nosotros no podemos enrejar nuestra calle, y ellos sí pueden”.
Ambas calles, la José María Abarca y la José Antonio Jiménez, se convierten en vías de desfogue cuando algún grupo detiene el tránsito en el Libramiento, frente a casa de gobierno. Pero al estar cerrada la Abarca, el tránsito vehicular invade a los de la Jiménez. La postura del Ayuntamiento, en estos casos, tiende a ser simple: las rejas, ilegales según la norma, se autorizarán siempre y cuando haya consenso vecinal. Si existe un reclamo, uno solo, se tiran las rejas.
Lo que dicen los vecinos de la Jiménez (que es injusto soportar por sí solos el desfogue vehicular cuando se detiene el tránsito en Casa de Gobierno) es razonable; también lo es la postura del Ayuntamiento cuando dice que el libre tránsito es un derecho constitucional que hay que salvaguardar. Pero, y aquí viene la complicación, la postura de los vecinos de la Abarca (los que mantienen la reja) también es razonable. ¿Acaso deberían aceptar sin problemas quitar la reja y asumir con resignación los ataques de la delincuencia que en años anteriores afectaron a varios?
En marzo de este año, cuando el Ayuntamiento ordenó quitar las bardas de la Jiménez, el secretario municipal Jesús Ávalos Plata aseguró que el enrejado o acciones similares trasgreden el derecho al libre tránsito e indicó que es necesario que impere la cultura de la legalidad. Nada dijo, sin embargo, sobre acciones concretas para que los ciudadanos de toda la zona vivan más seguros. ¿Enviarán una guardia policial permanente? ¿Instalarán una caseta, esta vez, decente? ¿El Ayuntamiento tiene siquiera policías suficientes o dinero para mantenerlos?
La postura del Ayuntamiento, garantizar a rajatabla el libre tránsito, sería procedente si la seguridad municipal realmente funcionara; hoy no es así y su argumento pierde valor. Por lo demás, si se trata de garantizar el libre tránsito lo primero que debieran hacer es quitar sin demora a los rijosos que se instalan frente a casa de gobierno y que terminan afectando a la población.
En este caso, como en otros similares a lo largo de toda la ciudad, el Ayuntamiento debe entender que los vecinos enrejados también apelan a un derecho básico que es el de vivir en un entorno seguro, y que la única manera de conciliar las posturas contrapuestas será entrándole al tema para llegar a una solución pactada con los propios habitantes. Con todos. No se trata de alentar violaciones a la norma; se trata de usar el sentido común para que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Aplicar la norma sin miramientos, y por tanto quitar las rejas y eventualmente exponer a los vecinos de varias zonas de la ciudad a más delincuencia, sería un contrasentido rayano en el absurdo; es deber de las autoridades de todo orden, y en este caso las del municipio, garantizar el libre tránsito pero también la seguridad de todos. Menuda tarea se les viene a las autoridades municipales.
