La AVG, punto de partida
La declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 14 municipios de Michoacán, incluyendo la capital Morelia, debe verse como el punto de partida para hacer camino hacia una sociedad más justa, equilibrada, menos violenta y donde la impunidad y la permisividad social dejen de ser, en los hechos, perturbadores de la paz social.
Debe considerarse también como un buen principio para romper inercias y herencias históricas, culturales, familiares, laborales, educativas, sexuales y hasta religiosas que tanto daño han provocado, solapando la violencia de género y la discriminación.
Mal harían los políticos, funcionarios y organizaciones civiles y de derechos humanos si la declaratoria que ayer se emitió por la Secretaría de Gobernación transgrede esos principios y se convierte en una pista para los reproches, las acusaciones y la disputa política; mal haríamos los ciudadanos en permitírselos.
El reconocimiento de los peligros y riesgos que existen por la violencia feminicida -no sólo en Michoacán, sino en todo el país- no es un asunto de interés partidista ni motivo para el golpeteo ideológico y/o electoral, sino punta de lanza para comprometernos !todos!, con un nuevo modelo de convivencia familiar, social y laboral en el que la violencia contra las mujeres y la discriminación, en cualquiera de sus manifestaciones, sea desterrada.
No es éste un asunto para debatir, ni muchos para rebatir; se trata de un tema de interés general que reclama de la participación, el compromiso y el consenso de todos. Porque más allá de cualquier discurso oficial u oficioso, nadie puede negar que la prevención de este delito -como de muchos otros- surge desde el convencimiento, de la modificación de conductas que empiezan desde la familia, de la modificación de paradigmas sociales y culturales y, por supuesto, de la denuncia.
Tocará a las autoridades, concretamente a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado, así como al grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que por ley debe crearse para dar seguimiento a la situación y a las acciones que se emprendan, abrir los canales de comunicación, atención, prevención institucional y capacitación para que la denuncia, efectivamente, sea el puente para poner fin a la impunidad.
La declaratoria de AVG, tal como lo exigieron diversas ONG en agosto de 2015 y como lo convino y lo planteó el gobernador Silvano Aureoles desde su toma de posesión el primero de octubre de ese año, ya está, pues. Ahora toca la lucha cotidiana, constante contra la violencia contra la mujer, contra la violencia feminicida.
La AVG debe ser ese punto de partida.
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