Radicalismo y violencia
En Nochixtlán, la madrugada del domingo, los policías federales y estatales no iban armados, reiteraron ayer el comisionado nacional de seguridad pública, Enrique Galindo, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la dirigencia de la CNTE asegura lo mismo sobre sus agremiados. Pero hubo ocho muertos, siete de ellos por impactos de armas de fuego y uno más por heridas de artefactos explosivos.
Luego entonces, ¿quiénes y a cuenta de quién iniciaron la balacera? Tanto Osorio como Galindo y funcionarios oaxaqueños, acusan la intromisión en los hechos de grupos radicales armados. Ya en otras ocasiones y en otros estados, se ha advertido y documentado la presencia en las movilizaciones de la coordinadora de estas células a las que los propios maestros señalan y culpan de los actos vandálicos que se cometen en sus marchas, bloqueos y plantones.
Lo de Nochixtlán, sin embargo, ya escaló a otros niveles de violencia. Y de la vandalizacion se pasó al ataque directo con armas de fuego y al homicidio. Es pertinente exigir entonces una pronta, pero a la vez convincente investigación de lo que ocurrió en el desalojo del bloqueo que los maestros de la CNTE mantenían en la carretera de Nochixtlán a Oaxaca; identificar a estos “grupos radicales”, su tendencia, y aplicar, con rigor, todo el peso de la ley.
De igual forma, si resultara que los policías federales o estatales, desatendiendo los protocolos que citó Galindo, fueron los que abrieron fuego, deberán ser castigados y puestos a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de homicidio.
La Procuraduría General de la República (PGR) no se puede dar el lujo de fallar en las pesquisas; descuidar los detalles periciales; recurrir a las condenables prácticas de tortura en los interrogatorios de los 23 detenidos, y mucho menos ocultar información.
La sociedad tiene derecho a conocer qué fue lo que realmente pasó, sea cual sea la conclusión que arrojen las indagatorias.
La CNTE por su parte está obligada a deslindarse de esos grupos radicales que por lo visto se han incrustado en su movimiento. Porque tampoco se puede apelar, por un lado, a la exigencia del diálogo para cambiar la legislación educativa -tal es su bandera-, y por el otro solapar actos criminales y de violencia contra la sociedad.
En tal sentido, tampoco resulta coherente ni convincente ya envolverse en el discurso de la represión.
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