Para dejar las cosas claras conviene recordar.
Los datos son de la SEP.
Al primer trimestre del año 2015 el líder de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez Ginez, recibió más de 300 mil pesos. O un salario mensual de 100 mil pesos.
Juan José Ortega Madrigal, entonces secretario general de la Sección XVIII de la CNTE en Michoacán, recibió 170 mil 841 pesos. O un salario mensual de 56 mil 947 pesos.
Adelfo Alejandro Gómez, líder magisterial de la Coordinadora en Chiapas, ganó 75 mil 427 pesos. O un salario mensual de 25 mil 142 pesos.
Y todo aquello se hila con las marchas y manifestaciones.
En las minutas firmadas en junio de 2013, julio de 2014 y junio de 2015, el entonces gobierno del estado de Michoacán “acepta mantener el compromiso de no ejercer contra los trabajadores de la educación represión administrativa, laboral, física o de cualquier otra modalidad, por su participación en las actividades de la jornada de lucha magisterial”.
En otras palabras: permiso para el desmadre.
Otros privilegios que otorgó el estado a los líderes magisteriales para que ellos, en algunos casos, pudieran otorgárselos a quienes estimaran conveniente fueron Programas de apoyo para la producción agropecuaria, Producción de fertilizantes orgánicos, Plantas de reciclaje, Reserva territorial para construcción de viviendas, Proyectos productivos, Dotación de ganado, Maquinaría Agrícola, Equipo agropecuario, y Apoyo económico extraordinario a todos los trabajadores de la educación para resarcir la pérdida de poder adquisitivo.
En otras palabras: el uso clientelar de grupos vulnerables.
Ese es el negocio de los líderes de la CNTE. Pobres ingenuos, los que aún creen que el magisterio lucha por la calidad de la educación.
