Las preguntas se hacen en todos lados: ¿hasta dónde quiere llegar la CNTE con sus movilizaciones? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en la defensa de la reforma educativa, aprobada y convertida en ley?
Si la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y de Educación tienen de verdad las pruebas contundentes que aseguran tener sobre la corrupción y probables delitos en los que incurrieron sus dirigentes -en este caso los de Oaxaca-, entonces ya no tendrán otra más que mantenerse firmes en su posición.
Otra cosa sería un desastre -uno más- para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Primero, porque se perdería lo que se ha ganado en percepción y respaldo ciudadano respecto al trato al magisterio disidente y sus métodos y acciones de lucha para defender sus intereses; segundo, porque perdería en el terreno de los hechos, la defensa de una de las reformas que el propio presidente ha encumbrado entre las más trascendentes de su sexenio, y tercero, porque enviaría la señal de que las inercias siguen y que son más poderosos los poderes fácticos que la fuerza y razón del estado.
Seria la puntilla para su maltrecho gobierno.
¿La opción del diálogo y la negociación política con la coordinadora, ya sin el peso y sombra de sus dirigentes presos? Sería lo deseable y lo más saludable para la vida de la Nación. Pero tampoco se pueden dar el lujo de negociar a partir de la exigencia y obstinada posición de los centistas: la abrogación de las leyes que se aprobaron con la reforma electoral.
Ni la CNTE ni ningún otro grupo por poderoso o influyente que se crea, puede apelar aa desestabilización para la consecución de leyes y ordenamientos a su antojo y gusto. Es la política de lo absurdo; la negación de la democracia, y el desprecio absoluto por los valores e instituciones del Estado.
En cuanto a la CNTE, su proceder nos hace concluir que a nivel de su dirigencia no tienen mas que una sola apuesta: la desestabilización e incluso la violencia y la desesperación y miedo social para arrinconar al gobierno y obligarlo a ceder.
Los grupos de choque que evidentemente han preparado y entrenado para encabezar sus marchas, plantones y ‘tomas’ y saqueos de edificios públicos tienen ese perfil. Se convierten en esa amenaza.
Tal vez ya ni siquiera entre sus objetivos esté la abrogación de la reforma educativa. Metidos tantos grupos y tantos intereses, la movilización enrarece el ambiente.
Y la violencia termina por envilecerlo.
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